Hermann González
El desempleo es una señal tangible de la desaceleración económica para las familias. El aumento de la tasa de desocupación o la sola percepción de mayor riesgo de perder el empleo frena las decisiones de consumo de las personas, que dejan de gastar con fines precautorios. Esto es lo que estamos viendo hoy. La tasa de desocupación nacional medida por el INE ha subido cerca de un punto porcentual en los últimos 12 meses y si bien objetivamente no podemos decir que el desempleo sea en este momento un problema de primera línea para las familias (es superado por los problemas de seguridad ciudadana, salud y educación), es un tema que puede ganar importancia en los próximos trimestres si el crecimiento económico no repunta.
En los últimos años el crecimiento económico permitió que la economía creara más de un millón de empleos y que la tasa de desocupación se redujera desde niveles de dos dígitos a mínimos históricos. Tenemos una buena cuenta de ahorro, pero si no seguimos aportando a esta cuenta y, por el contrario, si continuamos girando de esta cuenta como lo estamos haciendo este año, el ahorro se empezará a agotar.
Estimamos que la tasa de desocupación seguirá aumentando en términos anuales en un contexto en que la economía se mantiene creciendo marcadamente bajo 4%. Es más, para observar un freno al alza del desempleo que vaya más allá de la estacionalidad, habrá que esperar un tiempo prolongado si tomamos como referencia, por ejemplo, las expectativas del consenso de mercado que avizoran un crecimiento de solo 3% el próximo año y de 3,5% en 2016.
Este es un elemento que debe tenerse en cuenta cuando se discuten diversos temas relacionados con el mercado laboral. Por ejemplo en el debate de la reforma laboral, que con el ánimo de aumentar el poder de negociación de los trabajadores, sólo rigidiza aún más este mercado, en lugar de avanzar en dar mayor flexibilidad, aumentar la participación de la mujer y de los jóvenes y promover la capacitación de los trabajadores.
También debe tenerse en cuenta en la negociación salarial del sector público, donde claramente incrementos de remuneraciones de 10% o más como los que se están exigiendo, además de significar un costo relevante para el fisco, parecen a todas luces excesivos e incompatibles con la realidad de la economía y generan señales dañinas para el resto de los sectores económicos y para el empleo agregado.