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Alto contrasteCuando la justicia no basta
José Miguel Aldunate director de estudios del Observatorio judicial
José Miguel Aldunate
Una noticia ha marcado la semana: la Corte Suprema ordenó el desalojo de la toma de San Antonio, la más grande del país, pero la sentencia, en vez de cumplirse, terminó en una negociación que suspendió nuevamente la medida. A pesar del fallo firme, la ejecución se postergó una y otra vez por ampliaciones de plazo, solicitudes de suspensión y gestiones administrativas. Finalmente, el propietario tuvo que insistir ante la Corte para que se hiciera efectiva. Pero cuando al fin obtuvo la orden de desalojo, cedió, acordando con el Gobierno la venta del terreno y una nueva prórroga.
El caso ha servido para ilustrar la erosión de la autoridad judicial, el debilitamiento del derecho de propiedad y el riesgo de incentivar futuras tomas de terrenos. Todo ello indiscutiblemente cierto. Sin embargo, hay un aspecto sobre el que no se ha recalcado lo suficiente: cómo los tribunales son la peor instancia para solucionar problemas sociales, incluso—y esto es lo extraordinario—cuando tienen razón y fallan conforme al derecho, como en este caso.
“El rol de los tribunales es resguardar las reglas del sistema, no resolver los problemas sociales, cualquiera sea la solución”.
Pongámonos en los zapatos del dueño. Si se cumple la sentencia judicial, la fuerza pública habría desalojado a cerca de diez mil personas que viven en la toma del cerro Centinela. ¿Cómo habría reaccionado la opinión pública? ¿Qué mostrarían las cámaras de televisión? ¿Qué opinarían los políticos?
No es necesario especular. El exalcalde Jadue ya dijo que el desalojo era “una brutalidad” y llamó a resistirlo: “que nadie se queje si durante este desalojo hay heridos, y ojalá no haya muertes, como ya lo anticipan los que conocen la historia de lo que son estos desalojos”.
No cabe duda de que, en esa situación, el propietario habría sido retratado como un monstruo, el derecho de propiedad como un instrumento de opresión y los tribunales como lacayos del capitalismo. Es el mismo discurso octubrista que ya conocemos y que bien podría haber resurgido con fuerza a raíz de este caso. Que el dueño cediera es completamente esperable, lo que no disminuye en nada el daño a la autoridad judicial ni al Estado de derecho.
El rol de los tribunales es resguardar las reglas del sistema, no resolver los problemas sociales, cualquiera sea la solución. Esto resulta evidente cuando los jueces exceden su marco normativo, como ha ocurrido en el caso de las isapres. Pero también cuando, aun aplicando correctamente la ley, la magnitud del problema hace que sus decisiones sean, en la práctica, inviables, como ocurrió aquí.
El Poder Judicial no actúa en el vacío. Este caso demuestra que, nos guste o no, sus decisiones solo pueden ejecutarse cuando los demás poderes del Estado cumplen su función. Si el Ejecutivo ha sido escandalosamente negligente en la búsqueda de soluciones habitacionales para los ocupantes de la toma, y el Legislativo postergó durante años la reforma que habría endurecido el delito de usurpación -permitiendo un desalojo oportuno antes de que el problema escalara-, no se puede esperar que el Poder Judicial resuelva, con una sola sentencia, las consecuencias de años de inacción.
El resultado es claro: pierde el derecho, pierde la Justicia y, como siempre, pierden quienes sí cumplen con las reglas.
