Un acuerdo amplio para Escazú

Clemente Pérez

Ha generado polémica la negativa del Gobierno a suscribir el Acuerdo Regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, también llamado “Acuerdo de Escazú”.

Soy partidario de que Chile suscriba este acuerdo, dado que su contenido precisamente busca garantizar la implementación efectiva de los llamados “derechos de acceso”, acceso a mayores niveles de información, transparencia, y participación ciudadana en materia de protección del medio ambiente. Parece imposible oponerse a esto. Más aún si se considera que la mayor parte de sus consignas ya están incorporadas en nuestra legislación, y que hace poco obtuvimos una buena distinción, pues Chile se posicionó en el primer lugar en América Latina en el ranking de desarrollo sostenible 2020, elaborado por el prestigioso economista Jeffrey Sachs y publicado por la Universidad de Cambridge.

Hay que reconocer, eso sí, que es posible que el acuerdo aumente la judicialización de proyectos de inversión y dilate aún más los plazos efectivos de evaluación ambiental. Esto, debido a que incorpora principios ambientales no recogidos hasta ahora por nuestra legislación, como el polémico principio precautorio, o el principio “pro-persona”, que significa que al tomar una decisión se debe elegir la interpretación más favorable al público, lo que sea que eso signifique. El Acuerdo de Escazú no se da la molestia de definir estos principios, dicho sea de paso.

Por ello, lo aconsejable es buscar un acuerdo amplio que permita aprobar Escazú, pero al mismo tiempo corregir nuestra institucionalidad ambiental, de manera que permita que la evaluación de proyectos vaya a los temas de fondo, en un tiempo razonable y mediante un procedimiento participativo, mejorando la situación actual, en que reinan el papeleo, los oficios dilatorios y la “opinión experta” de funcionarios públicos sobre temas que no son de su competencia. Se necesita, para un cuidado más efectivo del medio ambiente, que haya más ingenieros y menos abogados, por resumirlo de alguna manera. Lo dice un ferretero.

Sería razonable, por ejemplo, que junto con suscribir Escazú se elimine el recurso de Invalidación Ambiental, acción del todo redundante (pues ya existe el recurso de Reclamación), y que permite a los abogados practicar el “vitrineo ambiental”, que consiste en presentar distintos recursos, según sea la conveniencia del caso. También sería conveniente que haya plazos perentorios para que los servicios públicos emitan sus pronunciamientos cuando son requeridos. Y que se respeten los plazos que ordena la ley. No es tanto pedir.

En suma, sería bueno que Chile suscriba y ratifique el Acuerdo de Escazú, pero que lo haga tomando medidas para que más información y participación ciudadana, no se traduzca en más burocracia, litigios e incertidumbre jurídica. Se debiera buscar un acuerdo amplio, pluripartidista, que genere las modificaciones legales necesarias para que así sea.