Rescates arqueológicos e inversiones postergadas

Clemente Pérez

A la ciudadanía le importa cada vez más su patrimonio cultural. La asistencia masiva en el Día del Patrimonio así lo demuestra. De la mano de Marta Cruz Coke y Clara Budnik, se creó un interés creciente en preservar nuestra memoria colectiva. Incluso se creó una subsecretaría de patrimonio cultural, bien representada por Emilio De la Cerda.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha confundido su rol, protegiendo el patrimonio histórico, pero perjudicando el patrimonio público y privado, por la vía de exigir lentos y costosos rescates arqueológicos a cientos de proyectos de infraestructura y vivienda.

De hecho, un director de Metro confidenció que esa empresa pública ha debido enfrentar sobre costos de más de US$ 50 millones por causa de estos rescates. En Atenas, los hallazgos arqueológicos fruto de la construcción del Metro se exponen en sus estaciones. En Roma, incluso limaron los cimientos subterráneos del Coliseo, para construir una Línea de Metro. Eso es lo que hacen los países civilizados, cuidan su patrimonio, y lo concilian con las necesidades del progreso. El sobre costo que ha sufrido el Metro de Santiago es alto y le pega en tiempos difíciles.

¿Qué pasó con los hallazgos encontrados en cientos de rescates arqueológicos exigidos por el CMN? No hay un registro de los restos encontrados, ni de su valor. Muchos de ellos se encuentran en bolsas, abandonados en algunas dependencias estatales. Tampoco hay recuento de los costos, ni de las demoras provocadas.

Si el CMN tuviera un presupuesto propio y pagara por los rescates, tal vez priorizaría (es fácil ser generoso con los recursos de otros). Pero el problema de fondo es institucional: nadie responde. En democracia, los servicios públicos deben dar cuenta de sus acciones. Y la gente sabe quién es el responsable.

Los órganos que toman decisiones vinculantes tienen su origen en poderes del Estado, democráticamente electos. No es el caso del CMN, único cuerpo colegiado deliberativo (consultivos hay muchos), cuyo origen está conformado por gremios, que nombran consejeros por derecho propio, tales como el Colegio de Arquitectos o el de Arqueólogos. Distinguidos gremios, por cierto, pero que por definición representan los intereses de sus asociados, no de la nación toda. No representan, hasta ahora al menos, al vecino de Quilicura que hace años espera que el Metro llegue a su comuna o al que compró hace meses un departamento.

El gobierno de los gremios se llama corporativismo. La Iglesia simpatizó con sus ideas en las primeras encíclicas, pero fue hace un siglo, cuando Mussolini tomó al corporativismo como idea central de su movimiento fascista. De esa época proviene el CMN. Derrotadas estas ideas en la Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales han establecido órganos cuya legitimidad de origen es la democracia universal, y no los intereses gremiales, por legítimos que sean.

Es valiosa la labor que realizan la Sociedad Nacional de Bellas Artes y el Instituto de Conmemoración Histórica, pero eso no les debiera dar derecho a nombrar, por sí y ante sí, representantes en un órgano de Gobierno. Los ciudadanos no pueden exigir cuenta a cuerpos no electos, que en ocasiones ni siquiera tienen una página web que explique quiénes son y cómo se eligen.