Parlamentarismo de facto

Clemente Pérez

Podía haber acogido a trámite el requerimiento de constitucionalidad contra el tercer retiro de las AFP, y analizar así el tema de fondo, pero en vez de eso, el Tribunal Constitucional optó por “esquivar al bulto”, en una decisión tomada por razones que -aunque no se conocen todavía- serían más políticas que jurídicas. De hecho, así lo reconoció el propio ministro Aróstica. No es su trabajo, según él, velar por que se cumplan las normas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, sino más bien “preocuparse de la gente que lo está pasando mal”.

Con esto, entramos a una especie de parlamentarismo de facto, o “asambleísmo”, similar a aquel período político tras la guerra civil de 1891.

El Congreso ha decidido arrogarse atribuciones del Presidente (los secretarios del Congreso ya no advierten la inconstitucionalidad de una moción parlamentaria fuera de sus atribuciones, pues hace tiempo son decorativos), y quien hasta hace poco ponía algo de orden era, precisamente, el TC. Sin embargo, todo indica que ha abdicado de ejercer este rol.

Ojo que esta actuación del TC ni siquiera fue en favor del tercer retiro, ni “en favor de la gente que lo está pasando mal”, pues el tercer retiro se iba a aprobar igual, dado que el Presidente ya había ingresado un proyecto de ley en tal sentido. Y un proyecto de ley mejor, por cuanto tenía más beneficios, como los doscientos mil pesos para aquellos que habían quedado sin fondos y el impuesto a los retiros para los de mayores ingresos.

Por eso, cuesta aun más entender los dichos del ministro Aróstica: si la preocupación es que le llegue la plata a la gente, esto habría ocurrido igual si el TC hubiera mantenido su convicción de que no es competencia del Congreso iniciar proyectos de ley en materia de seguridad social.

Eso alimenta los rumores de que algo habría influido en este fallo el ambiente enrarecido al interior del TC, y la necesidad de ganar legitimidad, después de ser visto por muchos (incluso fomentado por declaraciones de su propia presidenta) como una tercera cámara política, en vez de un Tribunal de Derecho.

En definitiva, hoy tenemos una permanente disputa entre los poderes políticos, y el Congreso impone sus términos. El Presidente está “de adorno en La Moneda”, dice la diputada Pamela Jiles. Contó para ello con el apoyo de varios parlamentarios de la coalición de Gobierno, dicho sea de paso.

El problema es que un parlamentarismo de facto, sin que contenga el contrapeso del Ejecutivo de poder disolver la Cámara, y con más de 15 partidos en el Congreso, es definitivamente un barco difícil de navegar. Más aún si los índices de respaldo del Congreso y de los partidos no son más altos que los del Presidente, como confirmó ayer la encuesta CEP. Hace algunos meses se le preguntó la ciudadanía en un plebiscito si quería que la mitad de la Convención Constituyente fuera integrada por parlamentarios, y un 80% dijimos que no.

Una serie de economistas (North, Barro, y especialmente los súperventas Acemoglu y Robinson), han señalado que tal vez la variable más importante entre las diversas posibles causas del desarrollo y crecimiento de los países es la fortaleza de sus instituciones. Y las nuestras se han debilitado.

Lo que no está en duda es que “la soberanía reside en la Nación”, y este es un año electoral. Nos jugamos el pellejo, por lo que es importante que se elija a quienes quieren preservar y fortalecer a las instituciones de nuestra democracia, por sobre aquellos que están pensando en el corto plazo, en el matinal del día siguiente, o en la próxima encuesta.