Chile en Tribunales Internacionales: señal de alerta

Macarena Letelier

¿Se toma la decisión de llevar un caso a un tribunal internacional como primera reacción ante un potencial conflicto Inversionista–Estado?

La lógica de este tipo de contratos, las estadísticas recién conocidas, y el procedimiento pactado, nos hacen concluir que existen diversas etapas antes de que una demanda llegue a puerto. El desequilibrio, o asimetría original en este tipo de relaciones, otorga al inversor un régimen de protección que nace de tratados bilaterales, multilaterales, y de la misma legislación nacional. La Ley 20.848, de 2015, consagra la normativa para la Inversión Extranjera Directa (IED). Así, quienes invierten lo hacen en un marco de seguridad y estabilidad que responde, no sólo a la confianza depositada en el país, sino a reglas de derecho internacional.

La relación a largo plazo, los altos montos invertidos y las características en general de este tipo de contratos, suponen un riesgo mayor ante cambios regulatorios o actos del Estado que afecten los derechos protegidos a las partes y, a su vez, afecten la imagen de Chile como país seguro y confiable para invertir. Es por esto por lo que existen etapas previas de notificación y negociación antes de interponer una demanda, y ahí, el Estado y la autoridad deben realizar las mejores gestiones para evitar que el conflicto escale.

Las ultimas estadísticas publicadas por el CIADI esta semana recopilan datos de los cincuenta años de dicha institución, arrojando un total de 910 casos registrados en virtud del Convenio del CIADI desde el primer caso en 1972. La mayoría de estos casos fueron arbitrajes en virtud del Convenio del CIADI (821), seguidos de casos de arbitraje según el Mecanismo Complementario (76), casos de conciliación en virtud del Convenio del CIADI (11) y casos de conciliación de acuerdo con el Mecanismo Complementario (2). Durante 2022, América Latina representó el 17% de los casos ingresados.

En Chile, seis juicios se han conocido a la fecha. Cuatro de ellos están concluidos y sólo en uno se condenó al país (MTD). Este resultado es mejor al promedio informado: “El resultado de los casos en el CIADI ha sido consistentemente equilibrado entre Estados e inversionistas —y el año 2022 no fue diferente. En total, el 49% de los casos concluidos en 2022 fueron decididos por tribunales y el 51% se resolvieron por avenimiento o se terminaron por otros medios”.

La alerta está dada por seis avisos de intención de acudir a este mecanismo el último año y medio, solicitando comenzar un proceso formal de consulta y negociación, mismo número de casos en décadas interpuestos contra Chile. Si bien hay un aumento natural de inversiones, hoy nos enfrentamos a medidas ya implementadas (retiros) o propuestas de cambios regulatorios (isapres), en sectores con importante presencia de inversionistas extranjeros que pueden ver afectados sus derechos protegidos. Gestionar el diálogo de manera adecuada es un desafío para las autoridades. La demanda es una instancia a la que se llega cuando las negociaciones han fracasado.