El vendedor de Súper 8

Cecilia Cifuentes

¡Qué distintos hubieran sido los efectos de la pandemia si Chile tuviera los niveles de formalidad laboral de los países desarrollados! Las empresas y trabajadores afectados se habrían acogido al Plan de Protección al Empleo, y los organismos públicos habrían contado con información sobre la magnitud del problema, pudiendo además suplementar las ayudas con recursos públicos de manera ágil y precisa.

Pero nuestro país no ha sido exitoso en reducir la informalidad. Los trabajadores por cuenta propia han representado cerca de un 20% del total en las últimas cuatro décadas, en comparación con niveles inferiores a 10% para los países desarrollados. La informalidad, tanto de trabajadores como de pequeños negocios, hizo necesario actuar a ciegas, con el agravante de que la pandemia dañó mucho más a los sectores informales que a los formales, por el tipo de actividades que se vio más restringido.

Es así como entre marzo y julio del año pasado el empleo formal registró una caída de 15%, mientras que el informal cayó un 40%. La informalidad no es sólo un tema de trabajadores, también de negocios, y de hecho, de acuerdo a los datos del INE, el 16% de los empleadores son informales. Es importante considerar que en Chile casi un 30% de los ocupados trabaja en empresas de menos de cinco trabajadores, probablemente negocios muy precarios en su gran mayoría.

Recuperar el empleo, logrando además que la formalidad no sea un imposible para los sectores de ingresos bajos, es sin duda el desafío económico y social más importante. Y no se trata solamente de que en promedio los trabajadores informales ganan menos de la mitad que los formales, sino también de que carecen de seguridad social y tienen escasas posibilidades de lograr aumentos de productividad.

Pensemos en el clásico vendedor de Super 8, quien, si está en un lugar concurrido puede a lo mejor ganar más que el mínimo, pero, ¿qué le ocurrió con las cuarentenas? ¿Qué opciones tiene de hacerse más productivo en su trabajo, o de crearse redes de apoyo que le permitan nuevas opciones? Muy escasas, si es que existen, aunque seguramente por la precariedad en que vive, privilegia el mayor ingreso y flexibilidad presente, sin pensar demasiado en el futuro. Es rol de la política pública, entonces, reducir al mínimo los costos de la formalidad, tanto para los trabajadores como para los empleadores, porque muchas veces son esos costos la principal barrera para que todos los trabajadores tengan acceso a la seguridad laboral y mejores perspectivas que entrega la formalidad.

Surge entonces la idea de que, más que bonos, el Estado podría hacerse cargo de las cotizaciones de seguridad social, en función de los niveles de sueldos, en una especie de impuesto negativo al ingreso, pero que no desincentive los aumentos de sueldos, como ocurre con la actual política de ingreso mínimo garantizado. Podría establecerse también un salario mínimo diferenciado en función de la densidad de cotizaciones, o aportes previsionales también de acuerdo con los años cotizados. Por otra parte, deberían revisarse las regulaciones, como las indemnizaciones por años de servicio, rigidez de jornada, sala cuna, etc., que encarecen la contratación formal. Por último, revisar los programas sociales, modificando todos aquellos que de alguna forma premien la informalidad.

Esta crisis nos ha mostrado que la informalidad va más allá de ingresos reducidos, y en muchos casos son las políticas públicas las principales causantes del problema. Es de esperar, y así ha sido anunciado, que la recién creada Comisión para la Recuperación de Empleos ponga el objetivo de la formalidad en el centro de su agenda.