Desafíos en competencia y crecimiento
ANA MARÍA MONTOYA Economista, Red Procompetencia, Académica Escuela de Gobierno UAI
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Ana María Montoya
Chile crecerá en rangos entre 1,5% y 2,5% en 2025 y 2026, de acuerdo con el último IPoM del Banco Central. La economía se ha visto impulsada, principalmente, por la demanda externa, las exportaciones y un mayor consumo público, lo que contrasta con la recuperación más lenta del consumo privado. En este contexto, llegó el momento de preguntarnos qué desafíos tenemos para ser más eficientes y generar crecimiento de manera diferente, con medidas plausibles de implementar en el corto y mediano plazo, que permitan contrarrestar las bajas tasas de expansión de nuestra demanda interna.
Dado que el gasto público es un aspecto esencial, analicemos qué podríamos hacer mejor y tomemos experiencias internacionales, que no requieren de grandes leyes, sino de una mayor modernización del Estado y visión de largo plazo. Reino Unido es un ejemplo. A la hora de definir políticas públicas, la autoridad de competencia ha dispuesto guías que sirven de lineamiento para las instituciones estatales, a fin de que tengan en consideración cómo determinadas políticas distorsionan los mercados, afectando su eficiencia y, por ende, el crecimiento y potencial de un país. Este es un aspecto del que Chile adolece cuando se realizan análisis sectoriales al definir políticas de subsidios o cuando se diseñan políticas públicas.
“Un buen análisis de las bases de concesiones o licitaciones puede reducir la probabilidad de colusiones y prácticas anticompetitivas, evitando pérdidas para el Estado”.
En la misma línea, el Estado es un demandante muy relevante en el mercado interno y puede incidir en la configuración de los mercados, asignando derechos de uso de bienes nacionales de uso público. Un buen análisis de las bases de concesiones o licitaciones de compras puede reducir la probabilidad de colusiones o la ejecución de prácticas anticompetitivas, evitando riesgos dinámicos de disuasión a la entrada y pérdidas de recursos para el Estado. A modo de ejemplo, las grandes licitaciones de infraestructura de obras públicas, licitaciones como el Transantiago, asignación de casinos, uso de borde costero para puertos privados, entre otros, hoy no requieren de una revisión por parte de las autoridades de libre competencia, pero las barreras que eventualmente pueden establecer afectan los tamaños de los mercados, el pago que recibe el Estado y las tarifas que terminan pagando los usuarios, según sea el mecanismo utilizado para fijar precios.
En materia de exportaciones, los terminales portuarios concentran más del 90% del comercio exterior y, según cifras comentadas recientemente por el Ministerio de Transportes, los procesos logísticos significan un costo adicional para nuestras cargas en torno al 8% y 12% para importaciones y exportaciones, respectivamente. La eficiencia de estos procesos tiene, además, un rol central en la determinación de los tiempos promedio y la variabilidad de que enfrentan las cargas de entrada y salida. En esto, tanto actores privados como públicos cumplen un rol ¡Urge abocarnos a ello!
Estamos en el momento preciso para focalizar políticas públicas microeconómicas, con una visión de largo plazo, que nos permitan hacer frente a la contracción de la demanda interna.
