Alimentos y clima, ¿hay espacio para experimentos?

María Emilia Undurraga y Cristóbal De La Maza

El aumento del precio de los alimentos está generando una grave crisis global, limitando severamente el acceso de la población a una dieta de subsistencia. Hoy 820 millones de personas viven con inseguridad alimentaria, uno de cada 10 habitantes a nivel mundial, lo que dificulta la posibilidad de alcanzar el objetivo de Naciones Unidas de eliminar el hambre al 2030. Chile no escapa a esta realidad, agravada por la escalada inflacionaria. No podemos evitar su abordaje, tal como lo destacara Diario Financiero la semana pasada en una serie de tres editoriales.

Si bien en el corto plazo algunas políticas sociales focalizadas pueden ayudar a las familias a acceder a una alimentación adecuada, lo cierto es que el cambio climático amenaza con convertir en crónica esta crisis en el mediano plazo. Sequías, olas de calor, lluvias extemporáneas o heladas serán cada vez más frecuentes, sumado a la creciente erosión del suelo; temporales y marejadas restringirán el acceso a puertos. Todo impactando la producción y acceso a alimentos.

“Contra los riesgos del cambio climático sólo queda actuar de forma coordinada con toda la cadena de abastecimiento, evitando medidas populistas como la soberanía alimentaria que limita el intercambio comercial, tal como lo propone el proyecto de nueva Constitución”.

Contra estos riesgos, sólo queda actuar de forma coordinada con toda la cadena de abastecimiento, evitando medidas populistas como la promoción de la soberanía alimentaria que limita el intercambio comercial, tal como lo propone el texto del proyecto de nueva Constitución. Tanto actores públicos como privados, debemos colaborar para fortalecer las capacidades del mundo rural, dejando atrás ideologías que lo consideran un contexto de la ciudad, desconociéndolo como un espacio de desarrollo y oportunidades.

Es indispensable evitar el inmovilismo y profundizar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, vinculándolas a objetivos de desarrollo territorial sostenible. A este respecto, será fundamental acelerar los planes comunales que exige a los municipios la nueva Ley de Cambio Climático, aprobada en marzo de este año. Invertir en adaptación al clima es un seguro para el futuro. Acotando la incertidumbre facilitaremos el acceso a alimentos a precios asequibles.

Ante tamaña urgencia, es necesario que se actúe con prudencia. Las recientes noticias sobre el colapso de Sri Lanka -que se explican en parte por medidas mal concebidas en nombre de la ecología, como la prohibición del uso de fertilizantes sintéticos-, o las masivas protestas en Europa por las restricciones a la ganadería por sus emisiones de gases de efecto invernadero, hacen prever que la anhelada transición justa no será simple.

El contexto político y social actual aumenta las dificultades que ya impone la naturaleza. De aprobarse la propuesta de nueva Constitución, el laberinto legislativo que se abre es inconmensurable. Sin certeza jurídica es imposible planificar a largo plazo. Una crisis como esta no necesita experimentos, ni políticas anticuadas que ya han fracasado en otras épocas y lugares. Las respuestas han de ser debatidas con altura de miras, evitando desvincular acciones para enfrentar el cambio climático de aquellas destinadas a la crisis alimentaria. Cuando está en juego algo tan básico como la alimentación, no tenemos tiempo que perder.