El Estado y las empresas en reorganización
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Señor Director:
Al cumplirse 10 años de vigencia de la ley N.º 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, se constata el profundo desconocimiento de la normativa por parte de instituciones del Estado.
Este hecho está complicando la situación de las empresas que se acogen al procedimiento de Reorganización Concursal, las que lejos de tener un respiro para recuperar su liquidez y así pagar a los acreedores, se ven entrampadas en un círculo vicioso de multas y procedimientos mal ejecutados.
Además de la aplicación ilegal de multas durante el período de protección financiera, muchas instituciones públicas no están pagando a las empresas reorganizadas por sus servicios, impidiéndoles participar en procesos licitatorios o exigiéndoles garantías que atentan en contra de la igualdad ante la ley.
De esta forma, se hace indispensable procurar que el Estado, en su rol de contraparte, respete la legislación vigente cuando una empresa se somete a un proceso de reorganización y, asimismo, colabore con aquellas empresas que se encuentran reorganizadas.
Es incomprensible que el ente político que por definición debe velar por el bien común, se constituya, por negligencia o desconocimiento legal, en el principal responsable de conducir a una empresa viable a su liquidación.
Nicolás Mena Letelier
Veedor Concursal y Exsubsecretario de Justicia
