Señor Director:
En respuesta a la carta del Sr. Andrés Opazo del miércoles 30 de noviembre, mediante la cual responde a una comunicación de quien suscribe, permítame señalar lo siguiente: El acuerdo pesquero fue entre cuatro paredes. Por eso hasta hoy los acuerdos regionales, supuestamente aprobados por las bases, a los que se refiere Andrés Opazo, no son públicos, y el país desconoce completamente su tenor.
Si bien los peces son res nullius (se adquieren por ocupación), el derecho a capturar las cuotas pesqueras pertenece a todos los chilenos, así lo establece la Constitución (libre apropiación de los bienes). De esta forma, la determinación y asignación de las cuotas debe regularse en beneficio de la sociedad toda y con la participación de toda la sociedad, no sólo de un pequeño grupo elegido por el ministro.
El acuerdo de la mesa pesquera impacta directamente en el acceso de las familias chilenas a más pescado, de mejor calidad y a menor precio. Sin competencia no hay incentivos para perfeccionar los procesos e invertir en tecnología que disminuya precios y mejore la calidad del producto al consumidor final. Además, un fraccionamiento como el actual, favorece ampliamente al sector industrial quien destina sus capturas en una porción muy importante a producir harina y aceite de pescado, sin mayor valor agregado, y sin disponibilidad para el chileno corriente. Así, la forma de asignación de las cuotas de captura, a dedo o mediante un sistema competitivo y transparente, impacta en la calidad de vida de todos los chilenos.
Marcelo Drago Aguirre
Señor Director:
A raíz de un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, nos hemos enterado de que el 70% de los menores de edad que cometen delitos reinciden en menos de un año. De este porcentaje, más del 55% es condenado en una segunda oportunidad.
Estas cifras constituyen una alarma no sólo en materia de justicia criminal, sino también en cuanto a las posibilidades de rehabilitación y reinserción social que entrega el sistema. El Sename, órgano encargado de ejecutar las resoluciones judiciales en materia de justicia penal adolescente, requiere ser reforzado a través de mejor infraestructura, aumentar su dotación de profesionales y nuevas estrategias de rehabilitación.
La deuda corresponde tanto a nuestras autoridades de gobierno, como legisladores y operadores del proceso penal. En este sentido, valoramos el trabajo que realiza el actual subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, quien ha desarrollado, entre otros, el programa de reinserción y rehabilitación, los programas de prevención social y situacional, y el fono denuncia seguro, este último a través del cual se hace partícipes a los ciudadanos en la prevención y sanción de delitos.
De los demás, urge iniciativa y compromiso con una tarea que nos involucra a todos.
Alejandro Leiva López
Profesor Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo
Señor Director:
Antes fue “Independientes en Red”, ahora “Red Liberal”, ¿acaso no entiende la centroderecha liberal que sin partido político no va a pescar ningún voto? (Parece que al sector le falta un MEO que remezca las aguas....)
Gabriel Guiloff