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Cartas

Cartas al Director

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 9 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.

Educación superior

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Señor Director:


Cabe preguntarse por qué en educación superior no debería existir la provisión de ese servicio por empresas con y sin fines de lucro. Si existe en otros sectores educacionales, así como en todas las actividades productivas o de servicios con excelentes resultados producto del esfuerzo y competencia de los participantes, ¿qué hay de distinto con la educación superior? Efectivamente existe una ley que prohibe la educación superior con fines de lucro, pero siendo esto tan extraño y antinatural, ¿por qué no se dirigen los esfuerzos a modificar esa situación? La respuesta es política y nada más.

Si bien desde que se permitió la existencia de educación superior privada pero sin fines de lucro aumentó inmensamente la oferta de servicios educacionales y de egresados universitarios, esto exigió a los proveedores de los servicios remunerar su esfuerzo y capitales involucrados con procedimientos que no configuraran el vago concepto de “lucro” y así ha funcionado por más de 20 años bajo gobiernos de la Concertación. Resulta curioso que la Concertación, después de haber permitido florecer el sistema privado en educación superior luciendo sus logros como propios, pase hoy la cuenta a este gobierno.



Juan Ariztía Matte


Toma de puertos

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Señor Director:


El movimiento labora portuario ilegal que el país acaba de presenciar por tres semanas, fue un acto premeditado y programado por quienes buscaron causar un grave daño a la economía nacional, cosa que consiguieron ampliamente. Ahora la regulación del flujo de carga tomará más de un mes debido a que en los puertos, a esta altura del año, no existen las holguras necesarias para una pronta regularización puesto que durante la temporada de fruta éstos operan a plena carga y con barcos a la gira.

Durante este larguísimo período, las autoridades manifestaron en varias oportunidades “que la voluntad de diálogo ha estado siempre presente”; lo anterior no es más que una falacia que permite a estas ocultar la total falta de voluntad de proceder a tomar las medidas conducentes a hacer que se proteja la libertad de trabajo a aquellos trabajadores portuarios que deseaban hacerlo; esto último se logra despejando de piqueteros las entradas a los puertos, que son violentistas enviados por los dirigentes sindicales portuarios, que con actos de violencia impiden la circulación de personas y cargas de entrada y salida. El gobierno se doblegó ante la lógica del matonaje y la prepotencia y, por lo tanto, es culpable de no ejercer una función ineludible que le asigna la ley y la constitución, de proteger la libertad de trabajo y garantizan la libre circulación, y por ende, tiene una clara responsabilidad en el enorme daño causado a la economía nacional del que ahora se lamenta.



DARíO TORREALBA A.



Verdades incómodas

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Señor Director:


Con las breves y vagas declaraciones que ha dado Michelle Bachelet desde su regreso al país, ya se puede vislumbrar que la tónica de su campaña será el ocultamiento de las verdades incómodas.

Una muestra de esta estrategia es la soltura de la candidata para asegurar que en su anterior gobierno se redujo la pobreza de 13,7% a 11,5%. Para eso, acomoda las fuentes: desecha la encuesta Casen, que es el instrumento que han usado todos los gobiernos desde 1987 para medir variaciones, y menciona únicamente el estudio paralelo de la Cepal. Pero existe algo indesmentible. Es tanto el valor que el gobierno de Bachelet le daba a la encuesta Casen que, en febrero de 2009, su ministra de Planificación, Paula Quintana, envió un oficio al INE para que no se actualizara la forma de medir la pobreza “toda vez que con la Encuesta Casen 2009 se cierra el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que la información que entrega dicha encuesta constituye el principal instrumento de evaluación de su gobierno”.

La Casen de 2009 reveló que por primera vez en 20 años aumentó la pobreza en Chile, pasando de 13,7% en 2006 a 15,1% en 2009. En ese momento, para Bachelet y su círculo de hierro, la Casen pasó de ser “el principal instrumento de evaluación (de pobreza) de su gobierno”, a ser un indicador que ni siquiera merece ser tomado en cuenta.



Juan Carlos Sotomayor F.

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