Señor Director:
Como era de esperar, terminado los festejos del triunfo, comenzó la lluvia de currículos sobre la presidenta electa para llenar los cargos públicos. La oferta es variada: todos los “ex” encabezan la lista, siguen los candidatos que no fueron elegidos, algunos históricos de siempre, y también hay activos participantes de la campaña. Todo acompañado por mucho lobby de los dirigentes de partidos.
La decisión de la presidenta electa está entre tener conocidas figuras en cada puesto pero distantes entre ellos por sus idearios políticos o tener mejor un equipo libre de “cuoteos”, solo buscando la excelencia..., o sea entre repetición del plato, comer algo obligada o hacer dieta…¡buena suerte!
LUIS ENRIQUE SOLER MILLA
Señor Director:
Como nos hemos enterado por la prensa, el pasado 27 de noviembre ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley de Turismo (20.423) aprobada en el 2010. Siendo riguroso, esta propuesta cubre un importante número de puntos, que en el andar de la Ley se fue detectando la necesidad de su corrección, precisión o profundización, con el sano interés de ir mejorando el enfoque de la industria y su relación con el Estado.
Sin embargo, uno de los puntos que con mayor énfasis debe ser revisado por los legisladores, ya que podría incluso alterar el espíritu de la Ley, corresponde al interés del Ejecutivo de obviar los objetivos de conservación que posee la declaración de Zona de Interés Turístico, establecidos en el Título IV artículo 13, de la mencionada Ley, limitando a materias de fomento productivo y atracción de inversiones el fin de la declaración.
En este sentido, se debe reconocer la indisoluble relación entre la presencia, calidad, cantidad y estado de conservación de los recursos patrimoniales (naturales o culturales) y el atractivo turístico del territorio que los contiene. De esta forma, la mantención de estos recursos no puede obviarse desde la perspectiva turística, de ser así cualquier estrategia o plan de atracción de inversiones o fomento productivo quedará cojo al no ser capaces de asegurar, desde el Estado, la prevalencia del atractivo y su entorno.
Es de toda lógica que la primera responsabilidad que le cabe al Estado, en la declaración de un territorio como Zona de Interés Turístico, es asegurar en el tiempo la presencia de los recursos que dan sentido a esa declaración, generando las condiciones primigenias para impulsar la inversión y el emprendimiento responsable e idealmente “sustentable”.
Miguel García Corrales
Director Instituto del Patrimonio Turístico Universidad Central de Chile