El perfil de Advance Global Capital, la gestora inglesa querellada contra Factop

Las acciones legales en contra de los socios de Factop, Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, también incluyen querellados internacionales.

La gestora de fondos inglesa Advance Global Capital (AGC) se sumó a la acción penal en contra del factoring a mediados de agosto denunciando facturas en prenda no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) avaluadas en cerca de US$ 5 millones.

Fundada en 2012 por Janet McKinley y asentada en Londres, AGC se especializa en el capital privado (private equity), principalmente invirtiendo en instituciones financieras no bancarias que ofrecen soluciones de financiamiento a pequeñas y medianas empresas (PYME).

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“Su estrategia se basa en la premisa de que las PYME, en particular las de los países en desarrollo, tienen una importante necesidad de financiación no satisfecha”, sostiene en su sitio Calvert Investments, firma que invierte en los fondos de AGC.

En tanto, parte de su foco geográfico de inversiones se centra en Latinoamérica, parte de Europa, Medio Oriente y África.

Según los últimos reportes, ACG tenía más de US$ 6.300 millones en financiamiento a más de 38.000 PYME en 66 países, al término del primer trimestre de 2023.

El fondo involucrado con Factop

Para ACG “el descuento de facturas (factoring) es especialmente adecuado para abordar este problema porque transfiere el riesgo de crédito de las pequeñas empresas, más difíciles de financiar, a las grandes empresas que compran sus productos”, detalla Calvert.

Esta sería una de las razones por la que la firma londinense puso sus fichas en Factop. El factoring llegó al radar de ACG en julio de 2019, cuando el fondo “Global SME Growth Fund” de la firma les otorgó una primera línea de crédito de US$ 3 Millones.

Posteriormente, el contrato fue modificado tres veces: la última vez fue en marzo de 2022, cuando se aumentó la línea en hasta US$ 6 millones.

Para la línea de crédito, Factop otorgó AGC una serie de facturas como garantías. Según la querella, la última prenda se constituyó el 9 de junio de 2023 respecto a 195 documentos de este tipo.

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Cuando comenzaron los impagos por parte de la firma de los Sauer y Topelberg, la gestora inglesa decidió explorar la factibilidad de recurrir al cobro de los documentos dados en prenda, consultando al SII sobre la legalidad de estos.

La querella reveló que de las 195 facturas, 173 son documentos no autorizados por el SII que estaban avaluados en cerca de US$ 5 millones.

El impacto, en tanto, corresponde al 2,5% de la cartera del fondo. De acuerdo a los últimos registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en su sigla en inglés), que datan del 2 de agosto de este año, el fondo ha recaudado más de US$ 200 millones de 173 inversionistas desde su inicio en 2016, con una entrada mínima al instrumento de US$ 250 mil.