Los cuatro puntos críticos que deberá enfrentar el nuevo presidente del TDLC

Ad portas de conocerse el nombre de la persona que asumirá la presidencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en reemplazo de Enrique Vergara, abogados expertos en Libre Competencia delinean las materias críticas para el próximo titular de la institución, todo ello en medio de un ambiente de incertidumbre y desafíos que van más allá de la institucionalidad.

Nicole Nehme (FerradaNehme), Julio Pellegrini (Pellegrini & Rencoret), Vanessa Facuse (Bofill Escobar Silva Abogados y fundadora de la red ProCompetencia) y Benjamín Grebe (Prieto Abogados) coinciden en al menos cuatro aspectos que son claves a la hora de fijar las prioridades del tribunal.

1. Tramitación y plazos: Los especialistas consultados dicen que la extensión de los plazos es un punto central que debe atacar el nuevo presidente de la institución. En ese sentido, Nicole Nehme explica que la tramitación de procedimientos no contenciosos puede ser mejorada, “tanto en lo relativo a sus tiempos, como en cuanto a una mayor claridad del ámbito de lo discutido y a una jurisprudencia consistente en cuanto a la inadmisibilidad de consultas que enmascaran un contencioso”. Otro punto que menciona es el tratamiento de las versiones públicas de los documentos, “cuya decisión ocupa un tiempo excesivo de la tramitación de los procesos”.

En ese aspecto ahonda Benjamín Grebe, quien advierte de la necesidad de modernizar este proceso, “aspecto al cual se destinan muchísimas horas de trabajo del tribunal o de las partes para discutir y preparar versiones públicas, que se podrían evitar a través de otros mecanismos que equilibren la protección de la información y el debido proceso”.

Por otra parte, Vanessa Facuse añade que es clave agilizar los procesos, porque “el no tener certezas respecto a si ciertas conductas son lícitas o no desde la perspectiva de competencia retarda el desarrollo de los actores, actividades e incluso en la realización de inversiones, como ocurre con la ley REP”.

Más allá de los plazos, Julio Pellegrini menciona retos nuevos que deberá hacerse cargo el próximo presidente de la institución, como fallar en casos de colusión que puedan resultar en cárcel para ejecutivos y casos de indemnización de perjuicios, que fueron incorporados en la última reforma.

2. Relación con la Corte Suprema: Otro punto que relevaron los especialistas es la tendencia de la Corte Suprema a revocar resoluciones y sentencias del TDLC, lo que a su juicio ha generado una mayor incertidumbre jurídica en distintos mercados. De ahí que uno de los desafíos que ven es procurar volver a una mayor deferencia por parte del máximo tribunal cuando se trata de la revisión de aspectos técnicos de las decisiones en materias de libre competencia, y que se unifiquen los criterios y aspectos procesales que emanan tanto de las decisiones del TDLC como de los fallos de la Corte Suprema.

3. Defensa de la institucionalidad: Ante el ruido que genera la Convención Constitucional y la agitación social que se vive en el país, según los expertos el próximo mandamás del Tribunal debería tener un rol decisivo en la defensa de la institucionalidad de Libre Competencia. “El país ha demostrado tener un sistema institucional de libre competencia que es de los más avanzados en Latinoamérica y en el mundo, algo que quizás ha costado transmitir a las personas que pueden tener una percepción distinta. El sistema es mejorable, pero no hay duda de que funciona y funciona muy bien”, añade Grebe.

4. Mantener nivel técnico: Un último aspecto que remarca Julio Pellegrini es que el nuevo líder del TDLC debe mantener el nivel “altamente técnico del Tribunal frente a la presión social”. Por lo anterior, Facuse agrega que hacia adelante esta figura tendrá un rol “muy relevante frente a los cambios regulatorios que se proponen, como es la mayor participación del Estado en la actividad económica e incluso respecto a iniciativas que proponen intervenir en la fijación de precios de actividades no reguladas, y es éste el foro llamado a garantizar el buen funcionamiento de los mercados, impidiendo acciones que perturben o impidan la libre competencia entre los agentes económicos”, asevera.

El perfil de los candidatos

Sobre la quina presentada la semana pasada por la Corte Suprema para elegir al nuevo presidente de la institución, los consultados celebraron las capacidades técnicas y académicas de los seleccionados, donde se encuentran los abogados Francisco Agüero, director en Centro de Regulación y Competencia (RegCom); Nicolás Rojas, exministro suplente de TDLC; Fernando Araya, socio del Estudio Lewin; Marco Arellano, ministro del Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), y Oscar Torres, socio de Torres & Loyola Abogados. Siendo los favoritos para el cargo Rojas, Araya y Agüero, según trascendió.

Con todo, varios echaron de menos la presencia de mujeres entre los finalistas. “Habría sido positivo una presidenta en los tiempos que vienen, en que habrá que defender la institucionalidad y transmitir todo lo positivo del trabajo del TDLC, con una perspectiva distinta a la tradicional”, concluye Grebe.

La gestión de Enrique Vergara

Varios son los logros que los especialistas consultados por Diario Financiero destacaron de la gestión de Enrique Vergara al mando del TDLC -quien este jueves realizará su última cuenta pública-, resaltando particularmente la mayor profesionalización de la institución.
“Más allá de su excelente participación en los casos, su acierto también ha sido la digitalización de los expedientes, lo que ha permitido dar más publicidad y transparencia a los casos y a las decisiones del TDLC. También ha permitido reducir los costos de litigar y “descentralizar” la litigación, pues hoy es posible interponer demandas o defenderse de ellas desde cualquier región del país”, destacó Julio Pellegrini.
Nicole Nehme también celebró la forma en que el TDLC logró sortear los desafíos de la pandemia, así como el desarrollo de una jurisprudencia “de muy buena calidad”, en temas de prácticas concertadas, delación compensada, conductas de abuso de posición dominante exclusoria, políticas de cumplimiento, prescripción, entre otras materias.