A menos de dos meses desde que las isapres y el Ministerio de Salud volvieron a reunirse en una mesa de trabajo para abordar las crisis de la industria luego de su interrupción en enero pasado, la industria lanzó duras críticas al Gobierno con motivo del envío al Senado del proyecto de la ley corta que da cumplimiento al fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema por las tablas de factores aplicadas en sus contratos y establece un nuevo marco para el sector.
“El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”, acusó la Asociación de Isapres -que preside Gonzalo Simon- a través de una declaración.
“Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos”, aseveró el gremio.
“La propuesta establece la gradualidad de la implementación de los elementos del fallo, estableciendo un procedimiento para las devoluciones de los cobros en exceso”, dijo el Minsal.
En un franco emplazamiento a la posición del Gobierno -que asegura que el proyecto de ley corta permite cumplir la sentencia del máximo tribunal sin comprometer la estabilidad financiera del sistema asegurador de salud privado-, el gremio aseveró: “Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”.
De esta manera, el gremio refutó las declaraciones realizadas en los últimos dias por autoridades como la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el titular de Hacienda, Mario Marcel, quien ayer sostuvo que la ley corta de isapres permite “asegurar su viabilidad financiera y evitar un colapso del sector”.
Por el contrario, el gremio cuestionó las intenciones del Ejecutivo al formular la propuesta que ingresó este martes al Senado. “La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”, aseveró .
En este escenario, en la declaración se acusó que la propuesta presentada por las autoridades “denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos”, y sentenció que “fuerza una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos”.
Mientras la asociación canalizaba de esta manera la opinión pública de la industria, en privado altos ejecutivos de las isapres manifestaron duros cuestionamientos, tanto al contenido del proyecto de ley como también a la difusión de sus bases financieras en las cuales establece que el monto global de las devoluciones que las aseguradoras deben entregar a los afiliados para dar cumplimiento al fallo asciende a $ 1,12 billón (unos US$ 1.400 millones), para un universo de 725 mil contratos.
Minsal: “Proyecto crea el marco jurídico necesario”
El Ministerio de Salud no dejó pasar el duro emplazamiento de la industria aseguradora de salud. “Lamentamos el tenor de las declaraciones de la Asociación de Isapres”, señaló la cartera a través de un comunicado enviado la tarde de ayer jueves.
Al defender el proyecto ingresado este martes al Congreso y, en general, su estrategia para llevar a adelante un proceso que cumpla el dictamen del máximo tribunal, el Minsal sostuvo que “la propuesta reconoce el impacto de la jurisprudencia en el sistema de salud; por ello, establece la gradualidad de la implementación de los distintos elementos del fallo, permitiendo la aplicación de la reducción en la cotización de salud de las personas y estableciendo un procedimiento para las devoluciones de los cobros en exceso”.
Asimismo, el ministerio argumentó que el proyecto propuesto “asegura la continuidad del acceso a las atenciones de salud de los beneficiarios del sistema privado” junto con destacar que también moderniza Fonasa, lo que se traduce en la protección de las personas y la estabilidad del sistema”.
Sobre esta base, la cartera salió al paso de los cuestionamientos formulados por el gremio de las aseguradoras privadas de salud reiterando que su acción está sujeta al marco constitucional “que obliga al Ejecutivo a acatar los fallos sin poder modificarlos”.
Desde esta base, manifestó que el proyecto de ley presentado al Congreso “tiene por objetivo crear el marco jurídico necesario para que la Superintendencia de Salud pueda dar cumplimiento a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema”.
En referencia al emplazamiento de la asociación al manejo del Ejecutivo en el establecimiento de un marco que permita una salida a la crisis de la industria, el Minsal aseveró que “el Gobierno ha mostrado su permanente disposición al diálogo con todos los actores y ha desarrollado un trabajo abierto y transparente para encontrar la mejor solución que permita dar cumplimiento al fallo”, y puntualizó que las isapres “estuvieron invitadas a participar y presentar sus propuestas”.
Finalmente, la cartera instó a enfocarse en la nueva etapa iniciada con el despacho del proyecto “continuando la discusión en el Congreso con altura de miras y voluntad, tal como lo han expresado los parlamentarios y otros actores claves, e invitamos a la Asociación de Isapres a sumar propuestas a este proceso”.
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