El pasado 21 de mayo, Inversiones TLC SpA, el vehículo de inversiones en Chile de la china Tianqi Lithium, ingresó una consulta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en orden a saber si dadas las condiciones del acuerdo Codelco-SQM, que involucran activos relevantes como es la extracción de litio en el Salar de Atacama desde 2025 al 2060, amerita ser discutida y dirimida en una junta extraordinaria de accionistas de SQM.
"La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) recibió una presentación en la que Inversiones TLC Spa solicita a la CMF que se requiera a SQM convocar a junta de accionistas para pronunciarse sobre la asociación con Codelco para la explotación de litio. Dicha solicitud se encuentra en proceso de revisión", señaló la autoridad a Diario Financiero.
Según Tianqi, la operación no sólo afecta a la filial SQM Salar, ya que la transacción con Codelco usa recursos corporativos, técnicos y humanos de la matriz SQM, e involucra activos “estratégicos”.
Esto a cuatro días que culmine el plazo autoimpuesto por las dos empresas -31 de mayo- para concretar en un contrato definitivo el Memorándum de Entendimiento (MoU en sus siglas en inglés) firmado el 27 de diciembre de 2023. Todo esto, en medio de cambios al interior de Tianqi, dado que su fundador y presidente Jiang Weiping, renunció el 3 de mayo pasado como presidente después de la compañía que creó informara de su mayor pérdida trimestral de la historia de más de US$ 500 millones. Asumió su hija Anqi Jiang y por lo mismo, los representantes de la compañía en distintas latitudes, como Chile y Australia, viajaron durante gran parte de mayo a China a reunirse con la nueva presidenta de Tianqi.
Qué le dijo Tianqi a la CMF
La presentación consta de 11 páginas y se acompaña de tres informes en derecho: uno de Ignacio Araya Paredes, profesor de derecho comercial en la U. de Chile y con formación en la Universidad de Chicago, que se centra en la regulación y el rol de supervisión de la CMF; otro de Juan Eduardo Palma, docente y abogado en derecho comercial, quien aporta una perspectiva sobre la judisprudencia y la aplicación práctica de la ley en los tribunales; y un tercero de Guillermo Caballero Germain, que hace un análisis teórico sobre las implicaciones corporativas y estructurales de la operación.
Según fuentes conocedoras, los tres informes en derecho resaltan la importancia de la participación y el consentimiento de los accionistas en decisiones estratégicas significativas, sino que también subrayan la complejidad de la transacción propuesta. Los expertos consultados por Tianqi coincidieron en que la operación debe ser sometida a la aprobación de los accionistas de SQM, en consonancia con las preocupaciones expresadas por la firma china respecto a la falta de transparencia y la insuficiente comunicación sobre los detalles y el impacto de la operación.
De acuerdo a Tianqi, la operación en cuestión no sólo afecta a la filial SQM Salar, sino a SQM. En su presentación a la CMF, destacó que la transacción con Codelco usa recursos corporativos, técnicos, humanos y asesores de la matriz SQM y no exclusivamente de la filial de ésta.
Asimismo, el acuerdo con Codelco considera activos que la firma china considera "estratégicos", como el Salar de Maricunga, que es de SQM y no de su filial SQM Salar.
Así, según la compañía asiática, y citando la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, cualquier enajenación de activos significativos requiere la aprobación de una junta extraordinaria de accionistas, lo cual no se ha llevado a cabo. "Informes legales de tres expertos apoyan la interpretación de que la operación implica una transferencia significativa de activos", explicó Tianqi.
Además, la gigante asiática hizo ver a la CMF que la información que le fue proporcionada por SQM "fue incompleta y omitió detalles críticos como la transferencia de activos estratégicos y la reorganización interna necesaria para implementar la fusión" de SQM Salar con Minera Tarar de Codelco.
De acuerdo a Tianqi, en su presentación a la CMF se detalla el impacto de la operación en los derechos de los accionistas y se resalta la falta de información afecta directamente a los accionistas, ya que no pueden evaluar adecuadamente los impactos ni tomar decisiones informadas sin un conocimiento completo.
También entrega una interpretación legal sobre la complejidad de la operación, que no puede ser considerada simplemente como una fusión de filiales debido a su complejidad y el número de activos y contratos involucrados.
La posición de SQM
Según comentó Gerardo Illanes, CFO de SQM el pasado 23 de mayo, en una reunión con analistas que, "como se puede imaginar, el acuerdo con Codelco es bastante complicado y con muchos detalles. Y hemos estado trabajando muy, muy duro para cumplir con el plazo”, dijo el ejecutivo. “Estamos trabajando para asegurarnos de tener todos los contratos finalizados para fin de mes. Y seguimos trabajando en eso. No hay ningún punto conflictivo en particular, es solo que es una transacción complicada”, afirmó el mandamás de finanzas de la minera no metálica.
Y respecto a la diferencia de opiniones con Tianqi -sobre si este acuerdo debe someterse a junta de accionistas- Illanes explicó a los analistas que esa cuestión fue consultada a la CMF a inicios de este año y la entidad resolvió que la operación “tiene que ser aprobada por el directorio y estamos planeando que así sea”.
El CFO de SQM agregó que “no estamos planeando nada más sobre cómo debería desarrollarse el proceso, tal como indicó el regulador”, en referencia a si someter la transacción a asamblea de socios.
El otro flanco: las comunidades atacameñas
Los pueblos atacameños no tienen una única voz en el acuerdo Codelco-SQM. De hecho, las comunidades que en donde se emplazan las operaciones de SQM decidieron suspender su participación en el proceso encabezado por el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA). Se trata de Socaire, Toconao, Camar y Peine, todas ellas situadas en el área meridional de la cuenca salobre.
En la práctica, en este último mes de tratativas, Codelco y SQM han mantenido los canales abiertos con los dos bandos: la CPA y las comunidades del sur del Salar.
Según representantes de estas comunidades, "más que demandas económicas, solicitamos resguardos de temas ambientales, como el uso del agua, la preservación de la vegetación, el uso de sus tierras y el entorno, y mantener el vínculo directo con las empresas que explotan el Salar de Atacama, dado que ellas son las que están más cerca de las operaciones de SQM y son las afectadas directamente por aquellas".
El conflicto entre estas cuatro comunidades y el CPA se generó desde el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, dado que en este se le dio la representación de los pueblos atacameños al CPA, y las comunidades del sur del Salar hacen ver que, como asociación indígena, no tienen la potestad legal para suscribir acuerdos en nombre de los pueblos atacameños.
También hay distancia entre los focos de interés de estas localidades con el CPA, que están ellos más centrados en los aspectos económicos y tienen realidades totalmente distintas.
Por ejemplo, que aun hay comunidades del sur que no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado o energía eléctrica estable o los gastos realizadas por estas últimas asesorías, estudios y monitoreos de índole ambiental para resguardar sus tierras.
Las comunidades del sur son enfáticas en señalar que para ellos "esto no es una cuestión de dinero, sino de cómo se ve afectado el salar y con ello su fuentes de sustento como la agricultura, la ganadería, el turismo y otras actividades".
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