"Comenta que varios funcionarios del Tribunal, que han pedido reserva de su identidad por temor a represalias, han conversado con él situaciones de hostigamiento y potencial maltrato y acoso laboral, existe temor, desconfianza y falta de espacios de diálogo y abordaje seguro de estas situaciones; y que ello afecta drásticamente la calidad de vida laboral, el rendimiento y resultados jurisdiccionales, lo que se evidencia en un número bajo de evacuación de sentencias, indica que la situación de tensión, temor y desconfianza se agravó con los despidos injustificados".
Así se menciona en el acta -de una reunión de trabajo administrativo del 19 de octubre- la descripción que hace el ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández, a lo que estaría viviendo el Primer Tribunal Ambiental desde hace un tiempo.
Retrata en parte el malestar interno que está rondando en la sede de Antofagasta de este órgano jurisdiccional que busca ejercer justicia en la resolución de controversias relacionadas con el medioambiente y que explotó públicamente el lunes cuando El Mercurio de Antofagasta dio cuenta de demandas laborales de cinco exfuncionarios del Tribunal por despidos injustificados y animadversiones que se habrían originado en decisiones tomadas por la actual presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez, quien asumió en enero de 2022.
Se trata de acciones judiciales presentadas por el primer abogado relator, dos asesores del área de ciencias y una administrativa. Una de ellas es por tutela laboral y está en carácter reservada. Pero también hay una quinta demanda por la no renovación del contrato al secretario abogado.
El despido de funcionarios se aborda en la reunión del 19 de octubre. De acuerdo al acta del encuentro, a la que tuvo acceso DF, el ministro suplente abogado, Alamiro Alfaro, menciona que, junto con tres demandas por despido injustificado ya notificadas, pudo observar la demanda por tutela de derecho fundamentales ya notificada al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Desde su punto de vista, las desvinculaciones adolecerían de irregularidades, pues deberían haberse definido de manera colegiada, con tribunal integrado conforme a la ley y actuando en sala legalmente constituida, lo que -dijo- no ocurrió en este caso de acuerdo al acta de una reunión extraordinaria administrativa reservada del 13 de julio.
Sumó a sus argumentos que el nombramiento de los funcionarios debe ser realizado por el tribunal, de manera que la decisión debió haber sido adoptada con la integración de tres ministros.
Desde el punto de vista laboral, sostuvo que el despido fue realizado sin contar con una causa legal y sin los antecedentes que permitan justificar la decisión y que no existían antecedentes para justificar las desvinculaciones en el sentido de contar -por ejemplo- con instrumentos de evaluación de desempeño.
En eso, el ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández, advirtió en la cita lo complicado que es para la imagen del Tribunal verse expuestos a demandas y aseguró que trabajó con los exfuncionarios, defendiendo su buena calidad laboral y humana. Añade que no comparte la forma en que se llevaron a cabo los despidos, en su expresión -se puntualiza en el acta- fueron tratados como "delincuentes". Además, según lo expuesto por los funcionarios desvinculados, el retiro de las dependencias no fue acorde ni digno del rol como funcionarios y de sus derechos laborales.
Tanto Alfaro como Hernández coincidieron en ofrecer, en el contexto de las demandas laborales, el reintegro de los funcionarios despedidos al tribunal. Este último, incluso añade que el llamado a concurso realizado -el que se activó luego de las desvinculaciones- debería ser anulado porque su génesis no fue la adecuada.
En el encuentro, junto con agradecer la sinceridad, se señala en el acta que Álvarez recalcó que no está dispuesta a llegar a un acuerdo mientras no haya una resolución judicial firme y ejecutoriada que declare ilegal las desvinculaciones, porque sería disponer indebidamente de fondos públicos. Además, planteó que reintegrar a los exfuncionarios no sería un buen precedente para el nuevo presidente e insiste que se debe ir por la opinión experta del CDE.
La respuesta acaloró más los ánimos, pero Álvarez insistió que en las desvinculaciones no se utilizó la causal por incumplimientos grave de contrato sino reestructuración y/o reorganización y que la causal de necesidades de la empresa es la que se ajustaba a un proceso de reestructuración que se iba a llevar a cabo el 6 de septiembre.
Atraso en dictación de sentencias
Las desavenencias entre los ministros y la presidenta no se habrían solucionado con el tiempo, ya que estas nuevamente quedaron en evidencia en una reunión de trabajo administrativo del 9 de noviembre. Esa vez se trató por la renovación del contrato de trabajo a plazo fijo del secretario abogado titular Javier González. Tanto Hernández como Alfaro mostraron sus dudas.
Este último, por ejemplo, advirtió falencias en la gestión integral de las causas. A su juicio, falta una mejor programación asociada a la carga de trabajo de los equipos. Agrega -se dice en el acta- que tampoco existe una programación en la dictación de sentencias y de sistematización en resoluciones judiciales recurrentes.
Este punto en particular del trabajo de las causas marcó parte relevante de la cita donde por un lado se acusó pasividad del secretario en la programación de dictación de sentencias al no observarse una propuesta de plan de trabajo para poner al día las sentencias atrasadas, algunas de las cuales tienen más de un año en estado de acuerdo. Y, por el otro, Álvarez defendió al secretario.
Finalmente, por dos votos en contra de la renovación y uno a favor, no se renovó el contrato del secretario abogado. En el acta se consigna que la ministra presidenta solicitó certificar que se abstiene de firmar el documento, reservándose las acciones legales que corresponden para su impugnación, manteniendo a firme su voto en contra en tanto advertir lo infundado del voto de mayoría como además las negativas consecuencias para el funcionamiento del tribunal. Además, la salida derivó en que González decidiera demandar al Tribunal.
Uno de los puntos cuestionados es el bajo número de evacuación de sentencias. De acuerdo a información pública del Primer Tribunal Ambiental, el año 2022 se ingresaron 38 causas. De ellas, 27 reclamaciones, ocho demandas por daño ambiental y dos solicitudes de la SMA (la última está consignada como "otros"). Si se consideran las sentencias -las que se dictan solo para reclamaciones y demandas por daño ambiental- hubo nueve. Mientras, este año, de acuerdo a los registros, se ingresaron 25 causas. Siete corresponden a demandas por daño ambiental y 13 a reclamaciones. En lo que va de este año hay seis sentencias.
Y, en concreto, de las nueve sentencias del año pasado y las seis de 2023, solo cuatro están redactadas por la ministra Álvarez. Estas corresponden a reclamaciones donde se destaca una en que se acogió el reclamo de ilegalidad de Minera Mantos de Oro y se permitió realizar el proyecto de Sistema Global de Saneamiento de US$ 12,6 millones. En otra el Tribunal rechazó una reclamación de la sociedad Salute Per Aqua, dueña de un restaurante pizzería de La Serena, y confirmó la sanción de más de $ 150 millones, impuesta por la SMA debido a reiteradas infracciones de ruido.
La situación que enfrenta el Primer Tribunal Ambiental recuerda la crisis que vivió el Segundo Tribunal Ambiental hace al menos cuatro años y que con el tiempo se dio por superada. En esta última entidad, con sede en Santiago, también se vivió un complejo clima interno. Sus dos únicos ministros en funciones en ese momento mantuvo a la institución sin sesionar meses completos e incluso esto motivó que la Corte Suprema iniciara una investigación por eventuales irregularidades.
Desde el Primer Tribunal Ambiental declinaron referirse al respecto al tratarse de un proceso judicial en curso. Mientras, consultados, desde el Poder Judicial indicaron que la Corte Suprema no ha tomado acciones frente a estos hechos.
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