Sacar un poste y soterrar los cables es caro. Un metro lineal cuesta alrededor de $ 3 millones. Pero tras los masivos cortes de luz producto de un duro frente de mal tiempo hace unos días, reflotó la discusión sobre eliminar las redes aéreas.
Torres y postes soportan cables de distribución eléctrica, de comunicaciones y televisión de pago. Para muchos, ensucian y alteran de manera negativa la imagen de cualquier ciudad, pero el costo promedio de un tendido subterráneo es siete veces más caro que uno aéreo.
¿Pero quién paga la factura cuando se quiere llevar al nivel del subsuelo los tendidos? Hasta ahora, varias comunas han soterrado algunas calles o sectores pequeños gracias al financiamiento de los propios municipios, de las empresas eléctricas y aportes del comercio cercano.
Pero ahora, el gobierno está evaluando utilizar el sistema de concesiones. Se estima que la explotación de poliductos podría ser un negocio tan lucrativo como las concesiones de carreteras, sin un incremento en las tarifas a público ni millonarias inversiones por parte de los municipios.
Hace unas semanas, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, tuvo una reunión con Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, ocasión en que la autoridad comunal planteó la necesidad de efectuar una concesión para el soterramiento de cables.
Todos los años este municipio asigna en el Presupuesto Municipal una cantidad de recursos para estos efectos, dado que se considera un proyecto importante para sus distintos barrios.
Lavín ha recibido distintas opiniones respecto de esta materia, puesto que algunos dicen que si se llamara a una gran concesión para estos efectos, el municipio podría lograr que estas obras fuesen ejecutadas a un menor precio; en cambio, otros opinan que el valor no variaría sustancialmente.
Asimismo, existen opiniones dispares respecto de los sectores que serían susceptibles de soterrar: algunos opinan que Cristóbal Colón sería un lugar apto para un proyecto de estas características; otros piensan que deben ser soterrados los cables de Padre Hurtado, entre El Alba y Las Condes.
Dado lo anterior, Las Condes mandató al concejal Carlos Larrain para convocar a una Comisión de Urbanismo para que se estudie un plan de soterramiento de cables que presente una cierta coherencia y lógica, pero que sea mayor al que se ejecuta anualmente, la cual se pueda llevar a cabo durante este periodo alcaldicio.
Además, se solicitó que, en dicha comisión se analice la forma jurídica para ejecutar estas obras, dado que existen dos mecanismos: a través de una concesión del Ministerio de Obras Públicas o a través de una municipal, la cual requeriría la autorización del Ministerio de Hacienda.
Proyectos congelados
Desde hace más de una década que se ha planteado la necesidad de soterrar los cables, por lo menos en Santiago. En junio de 2005, bajo la administración de Ricardo Lagos, se firmó el "Protocolo de Santiago 2005. Propuesta para un Plan Sostenible de Gestión Urbana. Soterramiento de Redes en Santiago", en virtud del cual la Comisión Bicentenario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Telefónica CTC (hoy Movistar) y Chilectra (Enel) se reunieron con el propósito de discutir el soterramiento de redes en la capital, a través de la conformación de una mesa de trabajo que debía analizar las propuestas para concretar esto en Santiago.
Hasta la fecha, el Ministerio de Vivienda no ha presentado ninguna propuesta en concreto. Si se han elaborado mociones. Actualmente, hay tres proyectos de ley que duermen en el Congreso.
Una de ellas es la presentada en 2012 por el senador PS Juan pablo Letelier, que busca obligar a las empresas a enterrar bajo tierra todos los cables aéreos de servicio público para ciudades de más de 50 mil habitantes en un plazo de dos años. El alto costo del proyecto, cercano a los US$ 35 mil millones, y quién deberá asumir el costo final de esta inversión son las grandes interrogantes. Otra presentación parlamentaria apunta a despejar de cables las zonas consideradas patrimoniales.
Según datos del sector, en Chile existen más de 2,5 millones de postes para instalaciones de distribución eléctrica y casi 170 mil kilómetros de tendido para instalaciones de distribución. Del total, alrededor de un 2% está actualmente soterrado, es decir, instalado bajo tierra.
A nivel comparado, el soterramiento de las redes es parte de una tendencia mundial y en relación con países de la región, nuestro país se ubica en lugares similares, sin embargo respecto a países en desarrollo estamos bajo el estándar. En Europa por ejemplo, Holanda tiene el 100% de sus redes soterradas, le siguen Inglaterra y Alemania.
Sectores de menores ingresos con más cables a la vista
Hasta ahora, algunas comunas han intentado realizar exigencias de soterramiento a los nuevos edificios que se construyen en zonas ya consolidadas con cableados aéreos. Es decir, si una vivienda se demuele para dar paso a un edificio, se exige que se desarrolle con cableado subterráneo, a costo del inmobiliario. No obstante, según un análisis elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción, lo anterior ha sido cuestionado y dejado sin efecto, por cuanto "no existe norma legal que entregue a las municipalidades la atribución para exigir el soterramiento de las redes eléctricas a empresas inmobiliarias". Lo que sí es aplicable -según el gremio que analizó diversas alternativas para la ciudad de Valdivia- es incentivar (no obligar) la ejecución de cableado subterráneo en áreas consolidadas de la ciudad a través del plan regulador, el cual entrega premios de constructibilidad cuando el desarrollador optase por el soterramiento de las redes. Es decir, quien desarrolle un proyecto tiene la libertad de elegir si construye con cableado aéreo o bien soterra sus redes, y si optase por esto último, tendría derecho a construir una cantidad mayor de metros cuadrados en su terreno. Esta fórmula ha sido muy utilizada en el sector de El Golf, en Las Condes.
Junto a esto, las municipalidades, a través de sus planes reguladores u ordenanzas municipales, están exigiendo que las nuevas urbanizaciones se desarrollen con redes subterráneas a costo del urbanizador privado. Estas redes son financiadas por ese agente, quien las traspasa a los compradores en el precio de venta del terreno o vivienda. En estos casos, la tarifa eléctrica de los usuarios es igual a la tarifa aérea, ya que los ductos fueron financiados previamente por el urbanizador.
Más aún, según el análisis de la CChC, existen varios casos en que sin ser una exigencia del plan regulador, el urbanizador soterra las redes voluntariamente, ya que esto es un atributo valorado por los futuros compradores. No obstante, para el caso de nuevos loteos de vivienda para sectores de menores recursos, este mecanismo es más complejo ya que es más difícil para el urbanizador traspasar al usuario los costos de las obras. Sectores de menores ingresos con más cables a la vista "La corrupción es siempre una forma de exclusión" El prometedor negocio tras el quillay La comuna que tiene más autos que habitantes ROLANDO MEDEIROS: PÁG.34 PÁG.32 PÁG.33 P30_
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