En febrero pasado, la administración de Gabriel Boric confirmó a Vivien Villagrán como superintendenta de Casinos de Juego por tercer periodo consecutivo. Justo un mes después estalló la peor crisis en la industria, tras la filtración de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por una eventual colusión de Marina del Sol, Dreams y Enjoy en la última licitación.
Este hito marcó un antes y un después en sus decisiones como reguladora. Sobre todo, de cara a una futura propuesta al Ejecutivo para modificar la normativa sectorial y así dotar a la Superintendencia de una mayor competencia.
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Durante 2023, Vivien Villagrán espera terminar la adjudicación de cinco permisos pendientes: Antofagasta, Talca, Castro, Coyhaique y Puerto Natales. Este último va por su tercer proceso y la autoridad reconoce que “claramente esta plaza no ha sido atractiva porque nadie ha postulado; decir que hay otro problema es tapar el sol con un dedo”. Sin embargo, explicó que están trabajando de cerca con el municipio para incrementar el interés y contar con competidores.
“Hay tres aspectos importantes por considerar en futuros cambios. Primero, asegurarnos de tener una industria competitiva y disminuir al máximo las barreras de entrada. Luego, revisar cómo la pandemia afectó la industria y, por último, el impacto de las plataformas en línea”.
“Acá lo que tiene valor es el permiso y se puede vender. Esta autorización impacta en la recaudación fiscal, en regiones y comunas. Y el interés de la SCJ es que esas unidades continúen funcionando”.
-En circunstancias que quedan las últimas plazas de casinos por renovar, ¿cree que la normativa requiere un cambio más profundo?
- La Superintendencia es un organismo estudioso de su industria. Y creemos que los marcos legales son siempre perfectibles a partir de la experiencia que se logra acumular. Hay cambios que podrían hacerse, pero queremos tener una opinión responsable. La última modificación de 2015 fue radical porque contamos con un nuevo modelo de licitación y se establece un mecanismo de subasta que encarece el permiso, pero que se definió así por las características de esta industria. Entregamos un permiso administrativo en un pseudo monopolio que también tiene complejidades para resguardarse de la mejor forma. Y en los próximos meses, en 2024, vamos a terminar todos los procesos de renovación de los primeros permisos y contaremos con experiencia de los traspasos de los municipales al régimen 19.995 (Ley General de Casinos).
Hay un análisis respaldado con informes y estudios, pero es importante que concluyan los procesos abiertos. Así, vamos a generar las minutas técnicas que correspondan para plantear al Ejecutivo los detalles perfectibles en el modelo.
- Durante la licitación en que se renovaron diez permisos las ofertas fueron muy polémicas, incluso, escaló a una investigación de la FNE por eventual colusión. ¿Cuál es su análisis?
- Hay dos cosas importantes. En el caso de los casinos municipales, a diferencia del resto, existían ofertas económicas mínimas. Esto se estableció así porque había una preocupación de los alcaldes y alcaldesas de recibir recursos por la actividad de esta industria. La Superintendencia encargó un estudio para determinar de qué manera esta oferta mínima garantizada le iba a asegurar que no perderían recursos y se fijaron rangos en escenarios positivos y negativos. En todos los casinos que licitamos hicimos un ejercicio similar y en esa modelación consideramos la pandemia en curso y establecimos lo que podría ser el valor del permiso. Para cada operación era un valor distinto, porque se mira la demanda del territorio en el cual están insertos. Hay algunos más caros y otros más baratos. Y de los resultados a la fecha solo hay dos que estuvieron en un rango razonable. Todos los otros estaban bajo esa razonabilidad. Es un resultado que nos llama la atención y después de eso se filtró la investigación de la Fiscalía Nacional Económica por eventual colusión. Ahí, queremos esperar cómo va evolucionando y si se llega al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).
- ¿Cómo este conflicto se enlaza con un cambio profundo en la industria?
- Cuando un regulador plantea cambios legales tan difíciles de realizar hay que buscar el momento más oportuno. Si me hubieses preguntado si haría cambios a la Ley de Casinos sin conocer que existe una investigación en curso mi respuesta habría sido diferente. Creemos que hay acciones pendientes para que las propuestas normativas sean robustas. El único hito que estamos esperando es si llegan o no a tribunales. Eso es clave.
Es importante cerrar un ciclo para hacer el análisis que nos permita proponer al Ejecutivo cambios sobre la industria de casinos. Antes de la filtración teníamos una solicitud de fusión entre Enjoy y Dreams. Entonces, la preocupación era la excesiva concentración de mercado y eso siempre es un problema para el regulador. Ahora, el escenario es otro, Enjoy informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su intención de liquidar activos.
Hay tres aspectos importantes por considerar en futuros cambios. Primero, asegurarnos de tener una industria competitiva y disminuir al máximo las barreras de entrada sin perder claridad del postulante detrás. Luego, revisar cómo la pandemia afectó la industria y, por último, el impacto de las plataformas en línea sobre los ingresos de los casinos físicos.
- Si la FNE hace una acusación, ¿modificará la propuesta que hará al Ejecutivo?
- Las modificaciones que estamos pensando son con el juego responsable, contar con más atribuciones para la supervisión basada en riesgos y tener facultades que nos permitan preguntar aguas arribas información importante. Todo eso beneficiará a la regulación, pero los otros aspectos relacionados con la competencia y las barreras en la industria, contar con mecanismos para determinar los permisos bajo determinadas condiciones, es materia de la Ley 19.995 y es importante verlos.
- En el caso de que a la industria se le acuse de colusión, ¿qué pasará con los permisos otorgados?
- Todo dependerá de cómo la FNE aborde el caso y si hipotéticamente determinan que existió colusión. Acá lo que tiene valor es el permiso y se puede vender. Esta autorización impacta en la recaudación fiscal, en regiones y comunas. Y el interés de la SCJ es que esas unidades continúen funcionando. Para nosotros es relevante que la actividad económica se siga desarrollando, y cómo la FNE determine las responsabilidades sobre el caso. Podrías concluir que las responsabilidades son de personas naturales o jurídicas. Me importa dejar en claro que en la historia de casinos en Chile se han vendido permisos. Si se determina un posible cartel hay un impacto en la confianza y eso es mucho más grave.
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