Alerta por cadena de pagos en sistema eléctrico: renovable declara imposibilidad de seguir cumpliendo contrato de suministro
María Elena Solar, filial de la española Solarpack, apunta a "razones ajenas" y totalmente "fuera de nuestro control".
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Lo que temía la industria, finalmente, está mostrando las primeras consecuencias. María Elena Solar S.A., filial de la firma española Solarpack Corporación Tecnológica S.L., informó la tarde de este jueves al Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema, que dejará de suministrar su contrato regulado asociado a la planta solar María Elena de 104 MW. En concreto, declara la imposibilidad de pago y que se cobren las deudas con boleta de garantía.
Según detalla la misiva enviada al Coordinador, por "razones ajenas" y totalmente "fuera de nuestro control y de ninguna forma atribuibles o imputables a María Elena", ésta y su proyecto Granja Solar se encuentran en la imposibilidad económica de continuar cumpliendo en tiempo y forma su obligación de pago de los montos que emanan de los Balances de Transferencias Económicas que prepara el Coordinador estableciendo las transferencias económicas que corresponde efectuar entre las empresas generadoras del sistema eléctrico nacional.
Esto, a pesar que hasta el momento -dice- María Elena Solar S.A. ha cumplido en "tiempo y forma" su obligación de suministro bajo los contratos de suministro y hasta el mes de junio había cumplido íntegramente su obligación de pago de los balances confeccionados mensualmente por el Coordinador, salvo algunas excepciones por temas administrativos.
María Elena Solar S.A. es titular de contratos de suministro eléctrico que tienen por objeto el suministro de potencia y energía a las compañías de distribución. Los contratos de suministro fueron el resultado de la adjudicación del proceso de licitación 2015/01 y cuyas vigencias de extienden hasta el 31 de diciembre de 2041.
"Por razones totalmente ajenas a la voluntad y fuera del control de María Elena Solar S.A. no le será posible seguir cumpliendo con las obligaciones de pago derivadas de los balances de los meses de julio y agosto de 2022 así como tampoco de los futuros balances que confeccione el Coordinador con posterioridad a esta fecha", se sentencia en la carta, agregando que a la fecha un total de 25 empresas generadoras "acreedoras" o "excedentarias" mantienen deudas pendientes derivadas de distintos balances.
Para que el Coordinador tome las medidas que correspondan para evitar poner en riesgo la cadena de pagos del sistema eléctrico nacional y exponer a riesgos financieros a los generadores excedentarios y acreedores de María Elena Solar S.A., ilustra la situación económica, sincerando sus números. En sí, detalla que las deudas derivadas de distintos balances del Coordinador que María Elena Solar S.A. mantiene impagas -y que en su mayoría corresponden al balance del mes de julio y de agosto de 2022- en total ascenderían a un poco más de $ 2.788.000.000.
En esa línea, dicen estar llanos a que las deudas de María Elena Solar S.A. que se encuentren devengadas y vencidas, pero no pagadas a esta fecha por María Elena Solar S.A. y que emanan de los balances pasados, se paguen mediante la ejecución de la boleta de garantía entregada "como caución de cumplimiento de la cadena de pagos y que actualmente se encuentra en poder del Coordinador".
Las boletas de garantía en cuestión corresponden a $2.507.094.197, la cual tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año.
Asimismo, la empresa declara su disposición para reunirse con el Coordinador, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y/o las distribuidoras, "a la brevedad posible con el objeto de analizar la situación planteada y entregar más detalles si así lo requieren".
Las causas
La misiva no dejó indiferente al sector eléctrico. Desde anoche comenzaron los mensajes y la difusión del documento que encendió la primera alerta de un tema que se veía venir. De hecho, algunos adelantan que esta situación puede ser la crisis más importante del sector en caso de no ser abordada por las autoridades. Los dardos apuntaron directamente a las autoridades. Según comentan fuentes, en esta problemática se advierte ausencia de gestión por parte de órganos reguladores y del operador del sistema para promover señales que permitieran madurar sin sobresaltos las energías renovables.
Desacoples, vertimientos crecientes de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) e incluso los efectos de la ley de Precio Estabilizado a Cliente Regulado (PEC) terminaron por estresar firmas, volviendo la situación insostenible. De hecho, algunos adelantan que esta situación puede ser la crisis más importante del sector en caso de no ser abordada por las autoridades.
A esto suman, dicen conocedores, el aumento de costos sistémicos con prorrateo a retiros (reserva hídrica, servicios complementarios, entre otros), subdespacho de contratos adjudicados, generación térmica forzada y atrasos en la publicación de decretos de PNP.
Las primeras reacciones
Este viernes, al ser consultada por la situación, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Ana Lía Rojas, dijo que están "monitoreando la situación que preocupa a la industria renovable, sobretodo para poder actuar propositivamente con la CNE y el Ministerio de Energía que reciben este escenario que tiene años de deficits de señales para permitir adecuadamente la inserción de renovables y de transmisión en el sistema".
"El debilitamiento y/o ruptura de la cadena del suministro para clientes regulados es un tema que debemos abordar pues no puede poner en riesgo la transición energética, y tiene múltiple causas, algunas de ellas sistémicas y otras por señales regulatorias y de operación que se deben atender y corregir", recalcó la dirigenta.
Mientras, el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, también indicó que están "monitoreando estrechamente la situación, la que debe resolverse dentro del marco de procedimientos y legislación vigente, cuyo objetivo es proteger la adecuada operación y sustentabilidad financiera del mercado eléctrico".