Familia Cartoni acusa a inmobiliarias de incumplir contrato de compra de terreno en Viña del Mar y pide millonaria indemnización

La familia Cartoni -con presencia en una serie de rubros como el automotriz- demandó a las inmobiliarias Kant y Miramar (representadas por Cristián Labbé y Víctor Becerra), a las que acusó de incumplir un contrato de compra de un terreno en calle Arlegui 143 en Viña del Mar. El acuerdo contemplaba el pago de US$ 9 millones por la propiedad de 3.221 metros cuadrados, que tiene aprobado un proyecto para levantar un edificio de 24 pisos para viviendas y oficinas.

Según los vendedores y ahora demandantes, las partes firmaron un contrato de promesa de compraventa el 18 de mayo de 2021, pactando un precio de 209.376 UF (65 UF el metro cuadrado).

Dijo que se estableció, entre otras materias, que si una de las partes incumplía el contrato, la otra podría, a su arbitrio: perseverar y exigir el cumplimiento forzado de la promesa y, conjuntamente, reclamar a título de indemnización el pago de una pena moratoria equivalente a 100 UF, por cada día de atraso en el cumplimiento de la obligación, con un tope máximo equivalente al 15% del precio de venta; pedir la resolución del contrato y exigir a título de indemnización de perjuicios la suma equivalente al 20% del total del precio de venta del inmueble.

“Arribados los plazos establecidos para el cumplimiento de las condiciones y la celebración del contrato prometido, las demandadas mantuvieron las negociaciones respectivas, tanto con esta parte como con el Banco Itaú Corpbanca, quien aportaría el financiamiento necesario para que la demandada cumpliera con su obligación de pagar el precio”, sostuvo la demandante.

Y añadió: “En ningún momento concurrieron a celebrar el contrato los Sres. Cristián Labbé Reyes ni don Víctor Becerra Guarda, representantes de Inmobiliaria Ecuador SpA., sociedad designada por las demandadas como compradora”.

Esto, dijo, pese a haber sido aquella parte la que, a través de la entidad bancaria que la financiaba en la operación, remitió la escritura matriz a la notaría para suscribir el contrato y que, ni siquiera durante los 60 días en que la escritura se encontró disponible para firma, los personeros de las inmobiliarias dieron luces de que no firmarían el contrato.

Pérdida de valor

“Por cierto, hasta la fecha la parte demandada no ha aportado ninguna explicación que permita comprender las razones de su actuar, toda vez que no ha existido ningún tipo de comunicación entre las partes con posterioridad a los hechos que fundan esta demanda”, dijo Juan Magasich Airola, socio de Magasich & Cía., en representación de Pablo y Tomás Cartoni Viale, además de Pablo, Daniella y Paula Cartoni Gajardo, entre otros.

El clan solicitó a la justicia que las demandadas los indemnicen por los -aseguran- perjuicios causados. En primer término, pidieron el pago de 41.873,2 UF -que a la fecha de presentación de la demanda corresponden a $ 1.543.189.956-, correspondiente a la cláusula penal pactada por las partes en el contrato de promesa de compraventa.

También pidieron $ 195.214.617, correspondientes a los gastos de los estudios encargados en vistas al proyecto de edificación y los derechos municipales del permiso, entre otros.

En una demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad precontractual, la familia solicitó, además de los gastos de los estudios, 90.000 UF (equivalentes a $ 3.314 millones), por concepto de daño extrapatrimonial, en específico, pérdida de una oportunidad.

La sociedad señaló que, atendidos los cambios en las condiciones de la economía y el mercado, cuenta con informes de opinión de valor emitidos por Colliers International, que dan cuenta que actualmente la propiedad cuesta unas 130.766 UF (unos US$ 5,4 millones). "Así las cosas, la pérdida de valor del inmueble de mis representados con el paso del tiempo resulta clara", sostuvo.

José Arcadio Torrejón, socio de Andreucci & Torrejón, es el abogado de las inmobiliarias Kant y Miramar. En una presentación, dijo que el 2º Juzgado Civil de Viña del Mar, donde se presentó la demanda, es incompetente para conocer sobre ésta pues ambas sociedades registran su domicilio en la Región Metropolitana, en la comuna de Las Condes.

Además, apuntó a una supuesta falta de capacidad del demandante, o de personeria o representación legal del que comparece en su nombre, así como una falta de la individualización completa de cada demandante, entre otras reclamaciones. “No se explicita la propiedad o porcentaje en el dominio que detenta cada uno de los demandantes en la demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios”, sostuvo.