El caso Alfa refrescó la memoria del mercado sobre una práctica ilegal poco habitual, y que en su mayoría ha sido descubierta y sancionada a nivel local: el uso indebido de acciones de clientes mantenidas en custodias de las corredoras para garantizar otras operaciones financieras.
Una hora después de que la Bolsa de Comercio anunció la suspensión de Alfa Corredores de Bolsa el miércoles pasado, un fuerte rumor se instaló en el mercado.
La explicación de que la firma ligada a la familia Contin no estaba cumpliendo con sus índices de solvencia y liquidez, quedó rápidamente en segundo plano para los operadores y analistas.
La aprensión era otra: que Alfa había “echado mano” a acciones de clientes que estaban bajo su custodia para respaldar las garantías de sus operaciones en simultáneas, cuyo valor se había visto afectado por la negativa coyuntura financiera actual.
Fue el propio superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, quien dejó entrever el jueves que había indicios de que este proceder tuvo lugar, pero insistió que aún estaba bajo investigación, y que habría sido de forma transitoria para aminorar problemas en la constitución de garantías. El presidente de la Bolsa de Comercio, Pablo Yrarrázaval, concordó con el regulador, pero que era algo todavía por confirmar.
La auditoría que ambas entidades aplican a Alfa desde el miércoles revelará si hubo o no un uso indebido de estas acciones.
Pero el caso le recordó al mercado esta “oportunidad” constantemente presente para las corredoras que ofrecen el servicio de custodia, por muy ilegal y poco ético que sea. Esto, porque no hay ningún mecanismo de monitoreo estable a los movimientos que hay en estas cuentas.
La SVS y las Bolsas de Comercio y su par Electrónica, realizan intensivas auditorías a todas las corredoras que supervisan, pero este ejercicio es aleatorio, y un negocio financiero específico, ya sea la transacción de acciones, simultáneas, o contabilidad. Cada corredora, a su vez, cuenta con auditor externo que revisa sus números y todas sus operaciones.
Pero un mecanismo realizado por un tercero que concilie las cuentas de custodias y cuadre regularmente los saldos, y que permita detectar una movida irregular, no hay.
Patrimonio con llave
Toda firma financiera que ofrezca servicios de custodia, nunca debe tener contacto con los bienes o dinero de sus clientes. Cumple una función de intermediario, manteniendo el registro de las transacciones que los clientes realizan con estos activos.
En Chile el servicio de custodias es ofrecido por bancos, corredoras de bolsa y el Depósito Central de Valores (DCV), principalmente. Ésta última es una sociedad anónima facultada para recibir depósito valores de oferta pública y facilitar las operaciones de transferencia de estos entre inversionistas institucionales depositantes, como AFP, bancos y corredoras de bolsa.
Los otros clientes de custodias son inversionistas de alto patrimonio que requieren que alguien les “guarde” sus millones de activos financieros mientras no estén en uso.
Este servicio se ha globalizado enormemente en la última década, al punto de que las custodias son electrónicas en casi todo el mundo. Pero en Chile todavía quedan rastros materiales, porque todavía se permiten activos en papel.
Bajo la mirada bursátil
Agentes del mercado reconocen que la oportunidad está de utilizar de forma ilegítima las custodias, porque nadie las está “mirando a cada rato”, añade un gerente general de una corredora, “porque este mercado se construye en base a la confianza, entonces si nos ponemos a mirar cada cosa todos los días, este mercado se paraliza”.
Esta práctica es indebida y poco ética, y sería muy poco frecuente. Tanto así, que un operador aseguró que cuando se ha cometido un ilícito, ha sido como último recurso para paliar una iliquidez, y que muy pocos casos conocidos han tenido como objetivo “un robo como tal”.
Algunos operadores atribuyen su poco uso al formato de auditoría al azar de las bolsas y la SVS, que aterrizan sin aviso alguno varias veces en el año y, en muchos casos, con pocos días de diferencia entre una y la otra.
Y la autorregulación es clave. Por eso, cada corredora debe realizar controles internos, desde evaluar que la custodia esté comprobada, y que los montos calcen. A su vez, la casa bursátil debe reportar estos monitoreos mensualmente a la SVS y a las bolsas.
¿Pero qué pasa con la ventana que se abre entre un mes y otro?
“Hay figuras que no están debidamente controladas”, reconoce un ejecutivo de una corredora que ofrece custodias. Pero añade que aunque haya poca autorregulación, o mucha posibilidad de que ésta no se cumpla, imponer a la fuerza nuevas normas “no es la solución”, porque el mercado “ya está sobrerregulado”.
Por ello, si de mejorar la regulación se trata, aumentar el poder fiscalizador del DCV suena con fuerza. Casi el 100% de las cuentas de custodias de corredoras de bolsa, tanto individuales como de terceros, están registradas en el DCV. Pero, aunque las cuentas estén inscritas allí, actualmente no tiene la facultad ni la responsabilidad de fiscalizar las custodias.
Pero hay detractores a otorgarle esta tarea a la DCV. No porque no sea capaz, sino porque la regulación debiera ir por que las auditorías de la SVS y las bolsas más constantes y rápidas.
Otra alternativa es que las propias corredoras financien juntas un auditor externo que periódicamente cuadre las custodias, y que reporte al Comité de Autorregulación. Si bien esto podría subir los costos, el riesgo sistémico bajaría.
Una opción con mayor quórum es la apertura de cuentas para clientes de las corredoras y bancos en el DCV, que se activen bloqueadas, y cuya firma sea obligatoria para hacer cualquier transacción con esos activos.
“Es más factible que la figura de un monitor porque es imposible verlas todas”, asegura un gerente.
Independiente de cuál es mejor, las alertas ya se encendieron. Y llegó el momento de actuar.
Uso ilegítimo de custodias: un historial corto, pero recordado
El mercado no pudo evitar recordar el último caso en que una corredora de bolsa ocupó papeles en custodia: Inverlink.
El impacto fue tal que paralizó a todo el mercado de valores. La víctima fue la Corfo, y desembocó en un escándalo financiero que continúa en Tribunales hasta el día de hoy.
Y aunque el historial es breve, dos casos todavía están frescos en la memoria del mercado.
El de Copinvest en 1997 es el más emblemático de todos, porque generó la actual Ley de Depósito de Valores y Custodias (18.876) y el perfeccionamiento de las normativas, especialmente la incorporación obligada de seguros para custodias de acciones en 1998.
Ese año, el presidente y propietario de Copinvest Corredores de Bolsa, Karl Kluever, reconoció haber vendido acciones en custodia sin autorización de sus dueños, lo que habría conducido a un considerable déficit, y posterior insolvencia de la corredora. Ésta fue declarada en quiebra en junio de 1997, y la SVS canceló su inscripción en junio de 1998.
En marzo de ese año, todas las corredoras adoptaron la figura del seguro para custodias, que van desde un mínimo de US$ 1 millón hasta un máximo de US$ 4 millones, dependiendo del tamaño de cobertura, e incluye situaciones como robos, falsificación de documentos y fidelidad funcionaria. Pero protegen a las custodias de daños de terceros a las corredoras, y no cuando la misma empresa que ofrece el servicio hace uso ilegítimo de ellas.
Recordado es también el escándalo de Edwards, Hearn y Cía. Corredores de Bolsa. En 1996 se descubrió que Omar Bustos, un funcionario de la empresa, cometió fraude con acciones en custodia. Al igual que Alfa, la corredora solicitó a la Bolsa en julio de ese año suspender sus operaciones por 30 días, y la SVS censuró a la entidad en octubre.
Pocos años después la empresa cerraría sus puertas debido al irreversible impacto de este escándalo en la confianza de sus clientes, y un grupo financiero llamado Inverlink compraría la acción de la Bolsa que tenía esta corredora.
Otro bullado caso fue el de Banestado y Banosorno, también en 1996, donde en ambos hubo un uso indebido de valores de terceros por empleados de ambas corredoras, confabulados con un cliente de las dos firmas, Alex Chiple.
La SVS sancionó por escrito a las firmas, situación que influyó en el proceso de cierre de sus puertas.
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