Grau compromete cinco años para evaluar ley de permisos para inversiones y refuerza reserva de información

Cumpliendo con los plazos establecidos, el Ministerio de Economía presentó las indicaciones al proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), el cual busca reducir los plazos de permisos que requiere un proyecto de inversión para su ejecución.

Respondiendo a las dudas que plantearon en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde la iniciativa cumple su primer trámite constitucional, el Ejecutivo ingresó sus propuestas que pretenden mejorar la aplicación de la norma en materia de autorizaciones, la ventanilla única que se implementa y la misma tramitación del proyecto.

Un elemento nuevo que agregan las indicaciones es la incorporación de mecanismos para evaluar los resultados de la misma ley. Así, se propone que a los cinco años de su publicación en el Diario Oficial, se deberá rendir cuenta ante la Cámara y el Senado de los avances en su implementación y el impacto observado en la solución de los problemas que busca atacar.

Aplicación a todas las autorizaciones

Frente a las inquietudes que se plantearon en la discusión parlamentaria acerca de si la LMAS aplicará para aquellas autorizaciones correspondientes a las concesiones marítimas y del Consejo de Monumentos Nacionales, las Direcciones de Obras Municipales y las Municipalidades, las propuestas del Ejecutivo reafirman que la norma en debate sí pretende ser aplicable a todas las autorizaciones sectoriales y su campo de acción se define sobre la base de las exclusiones expresas contenidas en el proyecto.

Además, se reformula el artículo número 4 de la iniciativa legal para aclarar cuáles serían los permisos y pronunciamientos que corresponderán al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y entrega reglas para definir el rol que corresponde a los órganos sectoriales fuera de éste.

En esa misma línea, también resuelve cómo va a interactuar con las leyes sectoriales y, a su vez, con otras de carácter general ya vigentes a la fecha, al aclarar cómo funcionará el carácter supletorio de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado respecto del LMAS.

Otra arista que toman las indicaciones van de la mano de asegurar que las cinco tipologías de autorizaciones que propone el proyecto para todas las autorizaciones tendrán su clasificación, que no dependerá de los organismos sectoriales, por lo que los órganos sectoriales no podrán evadir la aplicación de la ley al omitir clasificarlas.

Ventanilla única, silencio administrativo y proyectos priorizados

En el caso del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (Super), que funcionará como ventanilla única digital, las indicaciones del Ejecutivo precisan que su función será tanto para mantener al día la información sobre las solicitudes de permisos sectoriales, así como para la gestión misma de las solicitudes.

Al mismo tiempo, también refuerzan los deberes de reserva respecto de solicitudes vinculadas a materias sensibles, dando seguridad tanto a solicitantes como a los órganos sectoriales competentes.

Adicionalmente, se reforzará el principio de facilitación contemplado en la ley, haciendo obligatorio el uso de lenguaje claro y sencillo con el fin de asistir y colaborar con los solicitantes de las autorizaciones.

También se reformulan algunas medidas del silencio administrativo, herramienta que permite dar por terminado el procedimiento de permisos sin la necesidad de esperar un pronunciamiento expreso, y que el proyecto propone que sea emitido por la ventanilla Super a través de un certificado que constate que el plazo para resolver se encuentra vencido.

Ante esto, la indicación propone que el certificado se realice de forma voluntaria por parte del solicitante del permiso a través de la plataforma.

Otro ajuste por parte del Ejecutivo apunta hacia los proyectos priorizados, es decir, aquellos que son calificados a través de ciertos criterios por la misma gobernanza propuesta en la ley.

En esta línea, se refuerzan ciertos criterios y se eliminan aquellos extraeconómicos para su calificación, como lo es lo ambiental, pero que será reemplazando por el objetivo de descarbonización.

Una indicación adicional apunta a la figura de registro de profesionales y entidades técnicas que colaborarán con los órganos sectoriales en la revisión de solicitudes de autorización, indicando que su implementación deberá evitar la duplicidad de funciones entre dichas entidades y los órganos sectoriales que toman la definición.

Después de los cambios presentados por el Ejecutivo, se espera que la Comisión de Economía presente sus propias enmiendas a todas las partes del proyecto que modifica leyes sectoriales como el Código de Aguas, la Ley General de Urbanismo y Construcciones o el Código Sanitario.

En tanto, desde el Ministerio de Economía plantean que los cambios para la gobernanza “serán propuestos cuando se hayan alcanzado mayores claridades sobre lo que propone cada sector”.