Gobierno define plan de acción por pacto fiscal: no insistiría ante el Senado y proyecto antievasión entraría por la Cámara

El Gobierno continúa afinando los detalles del denominado “pacto fiscal”, paraguas más amplio que contempla ya no solo la fórmula para retomar la vía legislativa de la reforma tributaria, sino que también medidas para modernizar el Estado, incentivar el crecimiento y la inversión, y especificar el destino de los fondos a recaudar.

Dado lo anterior es que la jornada del lunes estuvo marcada por la especulación respecto al momento en que el Ejecutivo daría a conocer el nuevo cronograma, lo que comenzó a zanjarse recién cerca de las dos de la tarde y terminó por confirmarse pasadas las 17 horas.

Esto porque pasado el mediodía la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que el anuncio del contenido del pacto lo realizaría este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric, y que la jornada del lunes estaría dedicada a un proceso de socialización al interior de la administración.

El ministro Marcel expuso a algunos de sus pares del gabinete los ejes del pacto. Foto: Ministerio de Hacienda

Muestra de aquello es que pasadas las 16:00 horas el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, acudieron a Palacio a sostener una reunión con el Mandatario, donde le expusieron los ejes del conjunto de proyectos y la estrategia legislativa.

Tras esa cita, en los patios de La Moneda Marcel anunció que el jefe de Estado realizará el anuncio durante la mañana de este martes, y que luego los detalles serán entregados por el jefe del equipo económico en una actividad cerca del mediodía.

Zanjado el horario, luego fue el turno -pasadas las 17 horas- de los ministros del área económica, quienes arribaron a Teatinos 120 para conocer de primera fuente los ejes de las iniciativas, donde Marcel también les encargó realizar esfuerzos para lograr la aprobación del conjunto de medidas, que involucra a carteras como Vivienda, Minería, Economía, Medio Ambiente y Obras Públicas -por los temas de permisos sectoriales para inversiones- o Trabajo -por el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)-.

Se desecharía insistencia

Pero no fue lo único que se zanjó ayer. Marcel sostuvo distintas reuniones con presidentes de partidos, jefes de bancadas, parlamentarios oficialistas y de oposición (como del Partido Demócratas), donde les adelantó una de las principales definiciones que dará a conocer el mandatario: que el Gobierno no insistirá en el Senado con el proyecto rechazado en la Cámara de Diputados.

Esta definición es clave, ya que el Ejecutivo reconocería que no cuenta con los votos (2/3) en la Cámara Alta para reponer la tramitación de la iniciativa.

En su lugar, según distintas fuentes de Gobierno y del Congreso, el Ejecutivo definió que ingresará a fines de este mes o inicios de septiembre un nuevo proyecto de ley que contempla medidas para reforzar la fiscalización de los entes que componen la administración tributaria, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR), los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA).

La fórmula que transparentó Marcel a los parlamentarios es que el eje central del proyecto será incorporar nuevas medidas para el reforzamiento del cumplimiento tributario de los contribuyentes, lo que permitiría sortear la prohibición de legislar antes de marzo el proyecto tributario.

¿La razón? El análisis al interior del Ejecutivo es que esto sería equivalente a ingresar un nuevo proyecto que no contempla en sus ideas matrices propuestas rechazadas en la Cámara de Diputados en marzo, sorteando la prohibición que establece la Constitución actual.

En ese proyecto, también se incluirían medidas que combaten la evasión y la elusión, como mayores potestades para que el SII y Aduanas controlen el comercio informal, la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), la creación de la figura del “denunciante anónimo”, un nuevo procedimiento para el levantamiento del secreto bancario, aumentos de multas y sanciones para delitos tributarios como el tráfico de madera, el comercio clandestino y la comercialización de mercaderías importadas falsas, y la creación de un Registro de Beneficiarios Finales de Empresas, por citar algunos puntos.

La iniciativa buscará recaudar 1,6% del PIB en régimen.

Adicionalmente, el diagnóstico en Palacio y Teatinos 120 es que un proyecto con estas propuestas cuenta con mayor consenso entre el oficialismo y la oposición para avanzar en una tramitación expedita. La idea es que estos recursos (cerca de US$ 4.800 millones) permitan financiar el aumento de la PGU a $ 250.000, entre otras políticas.

Lo más polémico para marzo

Al estar descartada la insistencia en el Senado, el Gobierno apostaría por retomar en marzo la discusión en la Cámara de Diputados de los puntos más polémicos del proyecto impositivo: los cambios al impuesto a la renta.

Esto contempla, por ejemplo, el aumento de 40% a 43% de la tasa más alta del gravamen personal, la desintegración del sistema impositivo, los cambios al régimen para las PYME, y tópicos rechazados de plano por la derecha y el empresariado, como el tributo al patrimonio y la tasa a las utilidades retenidas.

El esquema también considera que el Gobierno anunciaría en proyectos separados las medidas para incentivar el crecimiento y la inversión, así como materias de modernización del Estado y eficiencia del gasto, previo trabajo de grupos de expertos y también asesorías de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).