Fitch confirma clasificación de deuda y mantiene perspectiva estable para Chile en informe que considera incertidumbre por nueva Constitución

Un respiro dio Fitch Ratings a la economía chilena. Luego de su último análisis sobre el país, la agencia clasificadora de riesgos decidió ratificar la perspectiva estable del país y confirmar la nota "A-". 

"Las calificaciones de Chile están respaldadas por un balance soberano relativamente sólido, con una deuda pública/PIB muy por debajo de sus pares, sólidos indicadores de gobernanza y un historial de políticas macroeconómicas creíbles centradas en un régimen de metas de inflación y un tipo de cambio flexible", se lee en el informe de la agencia. 

La firma también plantea que "estas fortalezas se equilibran con el ingreso per cápita proyectado para permanecer bajo en relación con sus pares, la alta dependencia de los productos básicos y las métricas de liquidez y apalancamiento externo más débiles".

Fitch recortó la nota de Chile a "A-" en octubre de 2020, como consecuencia de la pandemia y la presión sobre las finanzas públicas post estallido social.

El proceso constituyente está en la mira de la firma con sede en Nueva York. En su informe, la clasificadora plantea que, desde la perspectiva de las calificaciones soberanas, “hay una serie de áreas con posibles implicancias crediticias”, como el marco institucional del gobierno, los derechos de propiedad y codificación de los derechos sociales que podrían elevar el gasto público. El equipo de analistas también señala que las iniciativas de gasto actualmente son exclusivas del Presidente, pero también podrían convertirse en prerrogativa de la Cámara.

Desde el punto de vista fiscal, el análisis releva que los derechos sociales de vivienda, pensiones, atención médica y educación, “si se enumeran en la nueva Constitución, probablemente aumentarán los gastos sociales con el tiempo”. 

La agencia advierte que el plebiscito en el que se decidirá si aprobar o rechazar la nueva carta magna “que generará más incertidumbre”, y recuerda que el apoyo a una nueva Constitución ha disminuido “constantemente”. De hecho, recalca que desde abril, el 55% de la población rechaza el nuevo texto fundamental. 

Los pasos del Presidente Gabriel Boric y su equipo también son motivo de análisis de la clasificadora. En el plano fiscal, la firma recuerda que el nuevo gobierno prometió una ambiciosa reforma tributaria, y señala que “llegar a un consenso sobre aumentos de impuestos tan grandes en un congreso dividido podría ser un desafío”.

El equipo liderado por Richard Francis explica que el gobierno ha planteado una reducción del saldo fiscal nominal en casi 1,2% del PIB para alcanzar un déficit de 0,5% del Producto en 2026 y estabilizar la deuda/PIB en cerca del 44% del PIB desde el 36% en 2021. Pero, advierte que “existen riesgos de que cualquier reforma fiscal propuesta se diluya mientras aumenta el gasto, lo que lleva a déficits más altos de lo esperado y, en cambio, la deuda con respecto al PIB continúa aumentando”.

En lo previsional, el análisis recuerda que el nuevo esquema incluiría múltiples pilares, considerando una pensión universal de pago por uso para todos mientras se mantienen cuentas individuales -ya sean fondos públicos o de gestión privada-, creando un pilar solidario y ampliando un esquema voluntario.

Escenario macro

La firma es parte del consenso de que este año y el próximo la economía se desacelerará “bruscamente”, para registrar crecimientos de 1,9% y 0,5%, respectivamente. Según los expertos, es probable que el crecimiento del consumo, la inversión y el gasto público sea negativo y que solo aumenten las exportaciones en 2022. “Además del endurecimiento fiscal y monetario, las incertidumbres políticas, especialmente en torno a la constitución, están perjudicando las perspectivas de inversión”, alertan.

En el informe también destacan que “los depósitos del sector privado crecieron como resultado de las grandes transferencias del gobierno y los retiros de pensiones en 2021 que brindarán cierta protección para el consumo”.

Fitch también constata que las presiones inflacionarias han aumentado, agravadas por el aumento de la demanda interna en 2021, debido a las grandes transferencias del gobierno -de 1% del PIB por mes- y las tres rondas de retiros previsionales. 

De momento, la firma proyecta un déficit fiscal del 2,8% del PIB en 2022, frente al 7% de 2021, “dado que las medidas de apoyo a la pandemia se han suspendido en gran medida”, lo que significa una reducción del gasto cercana al 20%, que debería garantizar una “reducción considerable del déficit general”. Con todo, la clasificadora considera que “es probable que se realicen nuevos gastos sociales ante un crecimiento débil y una inflación alta”.

Para fines de este año, la deuda del gobierno en relación al PIB aumentaría al 39,4%, desde el 36,3% del año pasado, y todavía muy por debajo del 58% de la mediana 'A'. Pero, la compañía alerta que la relación intereses/ingresos ha superado la mediana 'A' actual, que es de 3,3%, inferior al 4,1% nacional. Además, la firma recuerda que el gobierno agotó una “cantidad significativa de sus fondos soberanos”, que cayeron en casi US$ 10.000 millones, o sea 5% del PIB, desde cerca del 10% del Producto antes de la pandemia.

La capitalización de empresas estatales, la reposición de fondos soberanos y la participación en el mercado de préstamos estudiantiles “también están afectando la dinámica de la deuda”, alerta Fitch, que prevé que la deuda aumentará al 42,2% del PIB en 2023.

Luego de que el déficit de la cuenta corriente nacional alcanzara el 6,4% del PIB en 2021 -impulsado por un aumento en las importaciones de bienes y servicios y por la repatriación de ganancias, principalmente de empresas mineras privadas- la agencia contempla que el déficit se moderará a 4,1% del PIB en 2022, debido a mayores exportaciones de cobre y menores importaciones. Pero, los precios más altos del petróleo podrían presentar alguna desventaja con respecto al pronóstico.