Segundo retiro del 10%: los argumentos planteados ante el TC por el requerimiento del gobierno

El Tribunal Constitucional (TC) inició este miércoles el estudio formal del requerimiento presentado por el gobierno para impugnar el proyecto de reforma a la Carta Magna que permite un segundo retiro de los fondos de pensiones, iniciado por diputados de oposición. En la oportunidad, se sostuvieron audiencias para escuchar a nueve abogados que plantearon la necesidad de aprobar o rechazar los planteamientos del Ejecutivo.

El pleno del TC, encabezado por su presidenta María Luisa Brahm, escuchó a los profesionales que son la primera parte de un proceso que finalizará el viernes cuando ocurran los alegatos donde expondrán sus puntos de vista el Gobierno, el Senado y la Cámara de Diputados, incluso esa misma tarde podría haber una decisión del TC.

El primero en exponer este miércoles fue el abogado Sergio Verdugo, quien sostuvo que "el problema que tenemos en Chile es que el que está amenazando los procesos políticos no es el Presidente de la República, la identidad constitucional chilena señala que el Presidente es quien lidere materias como gasto público y seguridad social. El Congreso por 3/5 no puede hacer cualquier cosa, debe someterse a los estándares de unidad que nuestro sistema presidencial tiene".

Luego a nombre de la senadora Ximena Rincón y el diputado Matías Walker, ambos DC, intervino Tomás Jordán, quien solicitó que se rechace el requerimiento "porque lo que está en juego es la determinación de los límites del Congreso para reformar la Constitución, es un caso teórico de laboratorio". Afirmó que "más bien es una consulta para determinar si el poder constituyente derivado tiene facultades de reformar la Constitución por la vía de artículos transitorios. Además, no hay proyecto concreto a controlar, porque el proyecto a que hace referencia el Presidente es el aprobado en la Cámara de Diputados, que fue modificado en el Senado y luego rechazado".

A continuación expuso Andrea Iñiguez, en representación de la Fundación Cuide Chile, quien planteó que espera que se acoja el requerimiento porque "nos preocupa que mediante una forma fraudulenta de normas transitorias el Congreso soslaye atribuciones de otros poderes" y que por "este mismo mecanismo se podrían afectar las normas del proceso constituyente y eso este Tribunal no lo puede permitir".

A su turno Javiera Toro, en representación del Partido Comunes, señaló que se debe rechazar el requerimiento debido a que "lo que el Presidente pretende no es que se resuelva la constitucionalidad del segundo retiro de los fondos de pensiones -que, por lo demás, ya está en curso-, sino sobre las facultades del Poder Legislativo para realizar reformas constitucionales".

Para José Antonio Ramírez, quien expuso a nombre del PPD, el requerimiento debe ser rechazado debido a que "el Congreso es parte del poder constituyente derivado y no se pueden restringir las facultades del Parlamento".

Xavier Palominos, a nombre del Partido Regionalista Verde, señaló que se debe rechazar el requerimiento del gobierno debido a que "el proyecto no adolece de ninguna inconstitucionalidad. Se cumplen todos los requisitos". Además "se quiere impugnar un proyecto idéntico a otro que sí aceptó, este requerimiento no es jurídico-constitucional, es político y para resolver estos temas el Presidente puede vetar o pedir un plebiscito".

A continuación, José González expuso el caso de su padre, que dijo fue el primer recurrente que obligó a una AFP a la entrega de fondos en Talca. Planteó que se debe rechazar el requerimiento porque "se trata de una reforma que devuelve los dineros que las personas tienen en las AFP. Las AFP no fueron creadas para pagar pensiones, no constituyen seguridad social".

En representación de los diputados del PS, intervino el abogado Enrique Aldunate, quien señaló que no existen inconstitucionalidades y que lo que se debe dilucidar es "si eventualmente se puede admitir -sin más- límites materiales en el contexto de una reforma constitucional. El requerimiento discurre a nuestro juicio artificialmente en enfatizar en la supuesta existencia de límites materiales en la tramitación del proyecto de reforma constitucional. El requerimiento intenta sin éxito afirmar que es posible un control de fondo de una reforma constitucional".

Finalizó las intervenciones el excanciller y exministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien señaló que "se ha discutido si la Constitución contempla limitaciones materiales, porque formales las tiene, y si vemos el poder constituyente recién surgido, está claro que las tiene. El legislador no es el configurador de un derecho esencial por sé" y que "el poder constituyente derivado (Congreso) debe reconocer los límites que establece la Constitución".