Hacienda ingresa nuevo set de indicaciones a la iniciativa con foco en fondos de inversión y créditos para empresas

La reforma tributaria vive momentos clave en su trámite legislativo, con miras a superar la valla de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Es que el gobierno ingresó esta mañana un segundo paquete de indicaciones a la iniciativa, surgidas luego de las conversaciones con asesores técnicos de parlamentarios oficialistas y de oposición, además de gremios empresariales, Pymes y organizaciones sociales.

El documento, de 39 páginas, contempla 20 enmiendas a distintos puntos del proyecto, siendo los principales la tributación de los fondos de inversión públicos y la creación de un fondo de créditos tributarios a los que pueden postular las empresas por hasta US$ 500 millones en 2023.

De esta manera, se complementan las 58 indicaciones ingresadas por el Ejecutivo el pasado 4 de octubre y que contemplaban ajustes al impuesto al patrimonio, por ejemplo.

La presentación de los ajustes se dan ad portas de que la comisión de Hacienda inicie, desde las 15 horas, la votación en particular del texto, con la incertidumbre respecto a si el Ejecutivo patrocinará el impuesto a las transacciones financieras que presentaron diputados oficialistas.

Nueva tasa para fondos de inversión

Las indicaciones modifican la tributación para los fondos de inversión públicos y privados.

El texto original establecía que las remesas de utilidades hacia el exterior tributarían con el régimen general de impuesto a la renta, según el tramo de ingresos respectivo. Ahora, los ajustes establecen dos tasas: una de 14% para las ganancias anotadas en el Registro de Utilidades Acumuladas (RUA), que ya tributaron en Chile o en el exterior; y de 35% en el caso de las anotadas en el Registro de Diferencias Temporales (RDT), para las ganancias pendientes de pagos de gravámenes. Esta última reemplaza a la tasa máxima de 43% establecida en el texto ingresado en julio a la Cámara.

Para los contribuyentes fondos de inversión domiciliados o con residencia en Chile, las utilidades estarán afectas al nuevo impuesto a las rentas del capital, con una tasa de 22%, o al Impuesto Global Complementario más el gravamen a las rentas del capital, según corresponda.

Asimismo, se mantiene el criterio de que los fondos de inversión privados están exentos del Impuesto de Primera Categoría siempre y cuando inviertan en capital de riesgo certificado por Corfo. Eso sí, se flexibiliza la cartera de inversiones en capital de riesgo necesaria para acceder a la exención, pasando de un 100% a un 85%. El 15% restante deberá estar invertido en renta fija.

El detalle del fondo de créditos tributarios

Adicionalmente, la indicación aterriza los detalles del crédito tributario "Chile Invierte", que es parte de la agenda pro crecimiento del Ejecutivo, denominándola "Ley de Beneficios Tributarios para la Inversión y el Desarrollo Sustentable".

Así, las empresas deberán postular a un monto de crédito contra Impuesto de Primera Categoría, que no podrá superar el 20% del fondo anual de crédito. Una vez que se les asigne el crédito, podrán utilizarlo en cualquier momento, sin límite temporal. El monto total de crédito a asignar será determinado en la Ley de Presupuestos de cada año. No obstante, en 2023 se asignarán US$ 500 millones.

El crédito fiscal se asignará mediante un procedimiento "competitivo", de carácter anual, que constará de dos fases. En la primera fase, que parte en abril, se seleccionarán los proyectos con un alto monto de inversión comprometida en comparación al crédito solicitado. En la segunda fase se escogerán las inversiones que demuestren el mayor "efecto multiplicador" sobre la economía, un mayor potencial de "descarbonización de la matriz productiva" y la "adopción de tecnologías de punta a nivel mundial, promoviendo la transferencia y desarrollo de nuevas tecnologías" en base a criterios prestablecidos y dados a conocer previamente a los postulantes. El proceso de postulación estará basado únicamente en criterios objetivos, observables y medibles, y su evaluación será realizada por un panel independiente.

Las compañías postulantes deberán adjuntar "todos los antecedentes que permitan conocer el proyecto en el cual se invierte y el impacto positivo que el mismo tendrá en la economía y la población", dice la indicación. Una misma compañía no podrá adjudicarse el crédito para más de un proyecto en una misma convocatoria.

Se establecerá un Comité de Beneficios Tributarios para la Inversión y Desarrollo Sustentable de carácter independiente, el cual determinará la forma de funcionamiento, requisitos, plazos de postulación, criterios de asignación de puntajes, manera de entregar los resultados y, en general, todo lo relacionado con el proceso de postulación y asignación del crédito tributario. Además, deberá sugerir al Ministerio de Hacienda mejoras al instrumento. Este comité estará integrado por tres consejeros, que recibirán una dieta de 10 UTM por sesión con un máximo de 12 sesiones remuneradas al año. Esto derivará en un mayor gasto público por hasta $ 20,7 millones al año.

El comité podrá revocar el beneficio de comprobarse que los solicitantes no cumplieron con las condiciones establecidas y no pudieron justificarlo. Dicho proceso de evaluación se realizará en octubre de cada año.

Como forma de fomentar la inversión para el año 2023, se establecerá para ese año un procedimiento abreviado, con plazos más cortos, y cuyo objetivo será́ contribuir a acelerar decisiones de inversión, maximizando la inversión apalancada para el monto de crédito otorgado.

Así, el procedimiento de selección considerará exclusivamente criterios de inversión comprometida dado el crédito solicitado, considerando los proyectos de inversión iniciados o no iniciados a la fecha de postulación desde el 1 de noviembre de 2022, el momento de inicio de las inversiones, o el momento de adjudicación del crédito. Tendrá como requisito para postular que los proyectos están en una fase avanzada respecto a la obtención de permisos. La Subsecretaría de Hacienda ejecutará este procedimiento abreviado desde el tercer mes de publicada esta ley.

Según las indicaciones, en 2023 se asignarán créditos por 600.000 UTA, equivalentes a US$ 448 millones al tipo de cambio actual. En régimen, esta indicación significa un 0,15% del PIB de menores ingresos tributarios entre 2024 y 2028.

Otros ajustes incorporados vía indicaciones se relacionan con las reglas de valorización para aplicar el impuesto a las herencias; aclaraciones al régimen tributario de las utilidades generadas en las zonas francas que gozan de exención de Primera Categoría; y armonizaciones en materias de notificación para las ordenanzas de Aduanas.

Con los ajustes, la recaudación en régimen de la reforma volvió a ajustarse a la baja, esta vez a 2,66% del PIB a partir del 2027, 0,48 punto de Producto por debajo de la recaudación original. Cabe señalar que esto no contempla el royalty a la minería ni los nuevos impuestos correctivos que se ingresarán a fin de año.