Reforma de pensiones obliga a poner el pie en el acelerador al análisis de las exenciones tributarias

El anuncio del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en Canal 13 tomó por sorpresa a todos. Incluso dentro del mismo gobierno.

El jefe de Estado aseguró que el Ejecutivo propondrá eliminar o ajustar algunas exenciones tributarias con la idea de financiar un mayor aporte estatal para aumentar las pensiones de la clase media.

Esto vuelve a poner en el debate una discusión que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, buscaba abordar de forma paulatina, luego de que a días de asumir el cargo recibiera el informe con sugerencias elaborado por un grupo de 16 economistas.

La idea original del nuevo titular de Hacienda era darle continuidad a un grupo de trabajo, integrado por técnicos de la cartera, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) que calcularía el monto total que le cuesta al Estado cada año estas franquicias, surgido luego de la entrega en octubre del informe de la OCDE y el FMI. Tras ese análisis, se tomaría una decisión respecto a enviar un proyecto de ley en la materia.

Sin embargo, el anuncio de Piñera obligó a la cartera a acelerar el trabajo. El grupo es integrado por el director del SII, Fernando Barraza, el jefe del Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, Eduardo Pantoja, el jefe del Área de Análisis y Seguimiento de Impuestos del servicio, Carlos Recabarren; el jefe de la División de Finanzas Públicas de Dipres, José Pablo Gómez; y los coordinadores macroeconómico y tributario de Hacienda, Cristóbal Gamboni y Javiera Suazo, respectivamente. Cerda y el titular de Dipres, Matías Acevedo, también han participado de las reuniones.

El grupo intensificará la periodicidad de sus reuniones -que hasta enero eran dos citas largas por semana- de cara a entregar insumos para un eventual proyecto de ley o indicación que permita solventar el anuncio presidencial en pensiones.

El grupo de 16 economistas, liderado por Rodrigo Vergara, recomendó eliminar beneficios en impuesto a los combustibles en favor del sector transporte, derogar el régimen de renta presunta, modificar impuestos personales y aplicar IVA sobre algunos servicios, entre otros.

Sin embargo, el informe de los economistas y el FMI-OCDE no pudo ponerle números a ítems como ajustes en los beneficios fiscales al retiro de APV, depósitos convenidos, renta presunta, ganancias de capital en instrumentos bursátiles, seguros de vida, beneficio a viviendas DFL 2, crédito especial a la construcción y beneficios a los fondos de inversión privados y fondos mutuos, entre otros.

Los candidatos

El tema aterrizará en el Congreso la próxima semana, cuando la comisión de Hacienda del Senado reciba a Vergara y al vicepresidente del grupo de expertos, Rodrigo Valdés, para conocer de primera fuente el reporte y sus recomendaciones.

El titular de la instancia, Jorge Pizarro (DC), adelanta que buscará terminar con algunos tratamientos favorables a las rentas del capital y a los fondos de inversión: "Hoy en el mundo desarrollado se discute sobre impuestos progresivos que paguen las personas de mayores ingresos para enfrentar responsablemente la crisis económica-social generada por la pandemia", asegura.

El socio líder de Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, cree que hay espacio para revisar la renta presunta y la exención para las ganancias de capital por operaciones bursátiles. "En el caso del IVA al diésel y a los servicios, deben barajarse con mucho cuidado el enfoque recaudatorio con el enfoque regresivo que pueden tener ambas medidas en especial, si esto se traduce en costos adicionales para los quintiles inferiores", plantea.

La asociada de Recabarren & Asociados, Valentina Costa, ve como necesario evaluar la factibilidad de derogar la renta presunta, ya que en su mayoría es utilizada por pequeñas empresas. "En el caso de las ganancias de capital, particularmente al beneficio del art. 107 de la LIR, se debiese avanzar hacia situaciones intermedias, como limitar la franquicia actual estableciendo un impuesto único".

El socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, califica de "anacrónica" la franquicia en favor de las viviendas DFL2, "la cual finalmente termina beneficiando a inversionistas y no necesariamente a quienes adquieren este tipo de propiedades, por lo que creo que, al menos parte de esa franquicia, puede derogarse". También cree que "debiera dejarse sin efecto la franquicia de los fondos de inversión privados que no pagan impuesto de Primera Categoría", los que "se utilizaron durante mucho tiempo con fines elusivos".

Rodrigo Benítez, socio líder de BLTA Consulting, apunta a dejar de eximir de IVA a algunos servicios y actividades profesionales, con la salvedad de que "sería recomendable compensar a los más pobres por los impuestos soportados en los servicios, ya sea en dinero o en cotizaciones provisionales".

Álvaro Moraga, socio de Moraga & Cía., cree que más que eliminarse, algunos beneficios deben "actualizarse". , como por ejemplo "sustituir la renta presunta (que beneficia a la agricultura, transporte y minería), por beneficios al desarrollo en Chile de nuevas tecnologías, a la contratación juvenil, femenina, y al desarrollo de las regiones; o sustituir los beneficios al diésel por beneficios para la electromovilidad".

El partner de Tax & Legal de HLB Surlatina, Alex Mansilla, señala que el gasto tributario en Chile más importante abarca las ganancias de capital para operaciones bursátiles, por lo que propone eliminar la exención a la ganancia de capital en acciones/cuotas con presencia bursátil: "Y que en consecuencia la ganancia sea considerada un ingreso tributable. Que las personas naturales paguen Global Complementario, las empresas chilenas el Impuesto de Primera Categorúa y los residentes en el extranjero el Impuesto Adicional, manteniendo la exención sólo para los Inversionistas Institucionales locales y no residentes, lo que estaría en línea con las prácticas internacionales".

Mientras que Andrés Alessandri, socio del estudio Mena Alessandri & Asociados, pone el foco en eliminar la renta presunta, a través de un proceso "gradual que permita a estos contribuyentes un paso ordenado a un régimen de contabilidad simplificada", pero teniendo presente el desafío tecnológico que esto representaría para estos pequeños contribuyentes.

"Por otro lado, respecto de la tributación de las ganancias de capital (art. 107), pareciera razonable estudiar esta exención, limitándola a ciertos inversionistas y en el resto de los casos, establecer una tasa rebajada", agrega.