En un informe titulado “La gran estafa del transbordo”, la Casa Blanca acusó a más de 40 países -incluido Chile- de permitir a China evadir ilegalmente los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump mediante el desvío de comercio a través de naciones sujetas a gravámenes más bajos que los aplicados a productos chinos.
Entre los países que el informe nombra, Chile se encuentra en "Nivel 3" del llamado “Shadow Transshipment Network”, que comprende objetivos "oportunistas pequeños” para China.
Esta categoría agrupa economías de menor escala que presentan ventajas específicas derivadas de sus “eslabones débiles” –como mano de obra a bajo costo, zonas francas, acceso portuario o fronterizo, capacidad limitada de fiscalización aduanera, entre otros– lo que podría hacerlas útiles para el desvío de bienes vinculados a China.
Este grupo es el más numeroso en cuanto a cantidad de países y considera, además de Chile, a Argentina, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica y Jordania.
Respuesta de la Subrei
Sin embargo, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) aclaran que esta clasificación "no atribuye a Chile conducta alguna de transbordo ilegal" ni tampoco identifica "operaciones específicas que involucren a nuestro país" en aquello.
"Chile no fue consultado sobre esta materia en el marco de esta investigación y tampoco comparte el análisis planteado en el informe", señaló la Subrei y agregó que no se han entregado antecedentes que den cuenta de prácticas de este tipo en envíos procedentes del territorio nacional.
Así, el Nivel 3 puede entenderse más bien como países que, por las ventajas de sus debilidades en ciertas áreas, pueden ser atractivos para el desvío de mercancías chinas, las cuales el reporte define como “aquellas que no necesariamente se declaran como de origen chino al ingresar, pero que presentan indicios sustanciales de origen económico, control o contenido chino”.
Desde la Subrei destacaron que "Chile administra su comercio exterior con estrictos controles de origen y verificación de mercancías, cumple cabalmente las disposiciones de sus acuerdos comerciales que regulan el tránsito y transbordo, y aplica mecanismos de control consistentes con los estándares internacionales".
Países más implicados
La siguiente categoría, que corresponde al “Nivel 2”, considera a “países líderes a escala con importante integración económica con China” y que combinan volúmenes significativos de transbordo ilegal con una integración más profunda en cadenas de suministro, abastecimiento de insumos, plataformas de manufactura, sistemas logísticos o canales regionales de desvío vinculados a China.
Los países que entran en esta clasificación son Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.
En tanto, el “Nivel 1” representa a los países y bloques comerciales líderes a gran escala que manejan grandes volúmenes de productos vinculados a China mientras mantienen bases industriales diversificadas y principales plataformas de exportación con destino a EEUU.
En este caso el “riesgo de transbordo ilegal” estaría integrado dentro de los flujos comerciales de países como Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.
El reporte además menciona a Chile entre los países que caben dentro de los “corredores de América Latina”. La Casa Blanca plantea que estas redes de transbordo ilegal pueden operar a través de actividades productivas (ensamblaje ligero, terminación, etiquetado o integración de componentes) y logísticas (desvío, almacenamiento, re-facturación, reetiquetado o emisión de nueva documentación).
De esta forma, para Washington Chile es un posible punto de tránsito o almacenamiento de bienes de origen chino antes de su llegada a Estados Unidos.
Costos y fiscalización
Según Washington, el volumen anual asociado a estas operaciones se situaría entre US$40.000 millones y US$303.000 millones, dependiendo de la metodología utilizada. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estima específicamente un rango de US$34.200 millones a US$89.600 millones, para el cual el informe utiliza US$60.000 millones como punto medio de referencia.
El director de la Oficina de Política Comercial y de Manufactura de la Casa Blanca que publicó el informe, Peter Navarro, señaló que China utilizó medios "extremadamente sofisticados" para realizar trasbordos desde la primera vez que el presidente Trump impuso aranceles en 2018, según consignó Financial Times.
Asimismo, el reporte anticipó el comienzo de una fiscalización estadounidense más intensa a los países que formen parte de la red con un “AI Detective Border” capaz de analizar rutas, certificados de origen, vínculos societarios, capacidad productiva y patrones de comercio para detectar anomalías.
“El mensaje al mundo es simple. La era del transbordo ilegal e imposible de rastrear ha terminado. Lo que antes parecían simples trámites burocráticos —cambio de etiquetas, reenvasado, refacturación— se ha convertido en una cuestión de soberanía económica y voluntad nacional”, señaló el documento, el cual además advirtió que habrá sanciones a aquellas naciones que reetiqueten o desvíen bienes para evadir aranceles como gravámenes punitivos, interdicciones o, incluso, pérdida de acceso al mercado estadounidense.
De momento, esta situación no modifica el panorama arancelario de la administración Trump que grava a las importaciones chilenas con un 12,5%.
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