Reforma tributaria, una vez más

Luis Felipe Lagos M.

Nuevamente el gobierno de turno abre el tema tributario, esta vez para hablar de un “pacto tributario”. Un pacto requiere un acuerdo, lo que es difícil de lograr si no hay un diagnóstico compartido. El Gobierno ha declarado que desea subir la carga tributaria en cinco puntos del PIB, incluyendo los 0,7 ya legislados para financiar la PGU. En el programa de gobierno se contemplan ocho puntos en dos períodos. El objetivo sería financiar derechos sociales; y si nos atenemos a la propuesta de la Convención, esto no tiene límite.

Para justificar este incremento, Hacienda compara la carga tributaria de Chile con el promedio de la OCDE, lo cual revela justamente una brecha de ocho puntos; además, afirma que los impuestos son un instrumento para la redistribución de ingresos. Ambos argumentos son discutibles.

“Chile debiera moverse hacia un impuesto con base en el flujo de caja de las empresas. Esto generaría un fuerte impulso a la acumulación de capital, aumentando el empleo y salarios, y por cierto, la recaudación tributaria”.

La comparación con la OCDE es incorrecta, lo pertinente es comparar la carga tributaria cuando los países eran similares a Chile en cuanto a su PIB per cápita, así, la brecha se reduce a tres puntos.

Los impuestos no cambian mucho la distribución del ingreso, la evidencia para los países desarrollados indica que 3/4 de la mejor distribución (caída del Gini) se logra por las transferencias fiscales. Más eficiente es diseñar un sistema tributario que recaude sin mayor daño al crecimiento, y redistribuir con las transferencias.

La evidencia reciente sugiere que será muy difícil incrementar la carga tributaria en cinco puntos. En efecto, el gobierno de la Presidenta Bachelet intentó un aumento de tres puntos, pero solo logró la mitad, con caídas de la inversión en tres de los cuatro años de su gobierno, y la economía se estancó en términos per cápita. ¿Por qué hoy sería diferente? La economía está en proceso de ajuste, y más relevante aún, el crecimiento de mediano plazo (tendencial) se ha desacelerado significativamente.

Una reforma tributaria no solo debiera apuntar a elevar tributos, sino que también a mejorar la eficiencia del sistema, esto es, minimizar las distorsiones que generan los impuestos y que impactan sobre la actividad. En este aspecto, hemos retrocedido mucho en el último tiempo, transitando desde un esquema integrado del impuesto entre personas y empresas con bajas tasas de impuesto a la utilidad reinvertida, al contrasentido de tasas mayores al promedio de los países desarrollados (27% vs 23%), con integración parcial (65%). Esto torna a Chile tributariamente muy poco competitivo, explicando el poco dinamismo de la inversión en los últimos años.

Chile debiera moverse hacia un impuesto cuya base sea el flujo de caja de las empresas. Es decir, que pueda descontarse el gasto en activos fijos e intangibles el mismo año que se realiza (depreciación instantánea), tal como se hace con las remuneraciones del trabajo. Esto generaría un fuerte impulso a la acumulación de capital, aumentando el empleo y salarios, y por cierto, la recaudación tributaria, al elevarse el crecimiento de mediano plazo. Solo recordemos que desde principio de los noventa, el incremento en el gasto social se ha financiado en un 80% por el crecimiento, y solo 20% por aumento de impuestos.

Por el contrario, el Gobierno propone desintegrar el sistema, lo cual además de implicar una doble tributación sobre las utilidades, llevará a una caída de la inversión en las empresas que tienen restricción de financiamiento interno (utilidades retenidas). Asimismo, rompe la equidad horizontal: para igual nivel de ingreso, los que provengan del capital estarán afectos a una mayor tasa que los del trabajo.