La infraestructura y el costo de la burocracia

CATALINA BINDER

La falta de integración entre los programas de infraestructura de los distintos ministerios y entidades públicas, así como la multiplicidad de organismos que intervienen en el desarrollo de los proyectos y la escasa coordinación entre ellos, es un tema que, a pesar del esfuerzo de distintas autoridades, sigue afectando negativamente el desarrollo del país y la calidad de vida de los chilenos.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) ha planteado en diversas oportunidades que las instituciones involucradas en el desarrollo de ésta lo hacen muy bien desde su propia visión y objetivos estratégicos. Sin embargo, sus diferentes prioridades, fuentes de financiamiento y horizontes de planificación hacen muy difícil la integración, perdiendo importantes niveles de eficiencia.

El déficit en infraestructura no puede ser soslayado. Una Comisión Asesora implicaría mayor eficiencia y menos burocracia, bajando los costos de inversión y los tiempos de ejecución de los proyectos, que hoy tardan más de tres períodos presidenciales en materializarse”.

En este contexto, el CPI ha propuesto la creación de una Comisión Asesora de Infraestructura (CAI), que evite las duplicidades que hoy existen, integrando a las diferentes reparticiones a nivel nacional y regional, de manera de mejorar la calidad de las decisiones. La CAI tendría como función planificar la infraestructura a largo plazo, sobre la base de criterios de beneficio socioeconómicos y eficiencia, y coordinar unificadamente el desarrollo de los proyectos, enfocándose, además, en monitorear el cumplimiento de las políticas con una mirada sistémica y de largo plazo.

La creación de esta Comisión Asesora implicaría una mayor eficiencia y una reducción de la burocracia en el sistema, lo que, según estimaciones del CPI, se traduciría en una disminución del 30% en los costos de inversión en infraestructura, permitiendo, además, menores tiempos de ejecución de los proyectos, que actualmente, conforme a lo señalado por la Comisión Nacional de Productividad, tardan más de tres períodos presidenciales en materializarse.

Esta propuesta de solución institucional se basa en la experiencia chilena en lo relativo a organismos asesores y, principalmente, en la experiencia de países que han logrado resolver de buena forma los déficits asociados a políticas de infraestructura de largo plazo. Ejemplos de entidades de este tipo en Chile son el Consejo Fiscal Autónomo, la Comisión Nacional de Productividad, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Comité Financiero, entre otros.

En el ámbito internacional destacan como experiencias exitosas, entre otras, el caso de Australia con la Agencia “Infrastructure Australia”, que asesora al gobierno y sector privado acerca de las inversiones y reformas necesarias para entregar mejores servicios de infraestructura; en Nueva Zelanda, la “New Zealand Infrastructure Commision”, que es la agencia encargada del diseño de estrategias y planes a largo plazo, y de la coordinación de los proyectos de infraestructura más relevantes; y la “National Infrastructure Commision”, en Reino Unido, que es un ente público autónomo, que otorga al gobierno una asesoría experta e imparcial relativa a los principales desafíos de ésta.

El déficit en infraestructura que hoy tenemos en Chile no puede ser soslayado, y su superación no depende principalmente de su financiamiento, sino de la capacidad que tengamos de mejorar la gobernanza, creando sistemas eficientes, que optimicen los recursos y sean capaces de materializar en un tiempo razonable los proyectos que responden a las necesidades de los ciudadanos. Para ello, la CAI parece ser una parte importante de la solución.