Taxonomía verde

CLEMENTE PÉREZ

Si no ha escuchado hablar de taxonomía verde, le sugiero que esté más atento, pues la taxonomía verde llegó para quedarse.

Taxonomía verde es un sistema de clasificación destinado a identificar qué actividades económicas y financieras pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental. La Unión Europea lo ha adoptado con fuerza y, por efecto de las cadenas productivas, también va a llegar a Chile, partiendo por todos los exportadores a ese continente.

La taxonomía verde busca canalizar recursos a proyectos que contribuyan realmente a una transición energética, a mitigar o a adaptarse al cambio climático, a reducir el consumo de agua y a promover la economía circular. De paso, también se busca combatir el greenwashing (hoy muchos y por muy poco, se auto califican como verdes o sustentables).

Hacienda está trabajando en los requisitos para deteminar qué actividades calificarán en la taxonomía verde, esto es que puedan considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental.

La taxonomía verde constituye un marco normativo de difusión de información que facilitará a las empresas que califiquen, acceder a financiación verde, mientras que a los inversionistas les entregará una guía clara para dirigir sus inversiones hacia opciones que contribuyan positivamente al medio ambiente.

El Ministerio de Hacienda se encuentra liderando este proceso en Chile. El 2021 se publicó una hoja de ruta y actualmente se está trabajando en definir los Criterios Técnicos de Selección (CTS) y los requisitos o reglas mínimas, para determinar qué actividades califican favorablemente en la taxonomía verde.

Hay interrogantes por resolver, eso sí. La primera es como se va a compatibilizar la taxonomía verde con nuestra institucionalidad ambiental.

La famosa permisología o la dificultad para poder desarrollar iniciativas de inversión, sigue agravándose. En estos días nos enteramos de que la empresa Atlas debió retirar un proyecto eólico de 304 MW en Chiloé, mientras que al proyecto de bombeo con almacenamiento de Colbún de 800 MW, en Antofagasta, se le puso término anticipado. Lo lógico, tal vez, habría sido concluir la evaluación ambiental en ambos casos.

Otra interrogante es cómo evitar que la taxonomía verde se transforme en un océano normativo, disperso y complejo, en vez de una guía. Quién regula y cómo se mantiene en línea esa regulación, sin que adquiera vida propia. Sería recomendable, probablemente, que hubiera un consejo público privado, del más alto nivel, que supervise la implementación de este marco normativo.

Más allá de los desafíos señalados, esta iniciativa de Hacienda se ve muy auspiciosa. Es muy interesante lo que está ocurriendo con las finanzas verdes. Inversionistas responsables (fondos de pensiones extranjeros, fondos soberanos, compañías de seguro) han dispuesto miles de millones de dólares para financiar proyectos sustentables en todo el mundo y es clave que Chile se pueda subir a ese carro, para transformarse en una economía desarrollada y al mismo tiempo, cumplir el objetivo de carbono neutralidad al 2050.