Del relato a la acción

El economista y filósofo austríaco, Friedrich von Hayek, escribió: “La libertad económica es un prerrequisito para la libertad política”, destacando la conexión entre un Estado limitado y el desarrollo de una sociedad libre y próspera. Apuntaba a que, cuando los individuos tienen la libertad de tomar decisiones sin interferencia gubernamental, se logra mayor innovación y crecimiento. Consecuente con lo anterior, en el caso de las empresas privadas, habría mayor posibilidad de prosperar si no existieran cargas excesivas de regulaciones y burocracia.

En Chile se habla mucho de la necesidad de retomar un mayor crecimiento económico, pero la mayoría de las veces las decisiones que se toman desde el Gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, van en la dirección contraria. Podemos evaluar las decisiones más recientes a la luz de la receta de Hayek para dilucidar si vamos o no bien encaminados. ¿Promueven un gobierno limitado y un entorno económico dinámico?

“En Chile se habla mucho de la necesidad de retomar un mayor crecimiento económico, pero la mayoría de las veces las decisiones que se toman desde el Gobierno, el Poder Legislativo y el Judicial van en la dirección contraria”.

El caso más contradictorio es cuando se discuten alzas tributarias, particularmente cuando éstas se orientan a elevar aún más la recaudación de los actuales contribuyentes en vez de ampliar la base hacia quienes no aportan con sus tributos a las arcas fiscales. El afán recaudatorio ha sido trasversal a los últimos gobiernos y el impacto en el bajo dinamismo económico está a la vista.

Pero no hablamos solo del peso del Estado en términos de su tamaño, sino también de su capacidad de incidir en la actividad privada a través de la regulación y la legislación. Reformas laborales que encarecen la mano de obra son un obstáculo a la contratación, especialmente cuando no van de la mano de mejoras de productividad.

La impronta burocrática se expresa también en que hemos construido el sistema de permisos para desarrollar proyectos de inversión más complejo de toda la OCDE, lo que consume tiempo y recursos que entraban y desalientan las iniciativas privadas. Esto lleva a dudar de que seamos capaces de aprovechar las oportunidades que abre la transición energética global, más aún cuando se rechazan proyectos fundados en criterios que serían subsanables, como la supuesta falta de información relevante o esencial.

La voracidad del regulador ha logrado incluso amenazar industrias completas. Basta observar lo que está pasando con las AFP, las isapre, los PMGD, el sector pesquero y la salmonicultura. La incerteza jurídica que ha generado el Estado por la vía legislativa ha sido un desestabilizador importante para las proyecciones futuras de estos sectores.

Otros ámbitos que han sufrido la interferencia del Estado con resultados lamentables son la educación escolar, donde el ausentismo campea y la preparación de competencias para el trabajo del futuro es cada vez más deficiente. Ahora parece ser el turno de la educación superior donde, camuflados en la gratuidad, se promueve un mayor control y menor autonomía de los establecimientos privados, amenazando la calidad educacional.

En resumen, falta coherencia entre el relato y la acción. Es absolutamente necesario que todos los poderes del Estado estén alineados con un objetivo común que es el progreso del país, alentando la iniciativa privada. De lo contrario, solo podremos constatar que el Presidente de EEUU Ronald Reagan tenía razón cuando dijo: “El Gobierno es como un bebé. Un canal de alimentación con un gran apetito por un lado y ningún sentido de la responsabilidad por el otro”.