PGU: las cifras de la Subsecretaría de Previsión Social

María José Becerra

La administración del Presidente Gabriel Boric tiene como gran objetivo de su Gobierno el consagrar el derecho a la seguridad social en nuestro país, lo que comenzará a concretar en octubre con el ingreso del proyecto de ley de reforma previsional, construido en base a un proceso de diálogo tripartito y un trabajo interministerial con participación de los ministerios de Trabajo, Hacienda, Mujer y Segpres, desde su arribo al gobierno en marzo.

En paralelo, la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en los plazos establecidos por la ley fue asumido como un desafío fundamental para dar continuidad a esta política pública, la que es valorada positivamente al entregar un piso de protección mínimo a los adultos mayores, en complemento a lo obtenido como pensión por lo ahorrado durante su vida.

“Desde febrero y hasta la fecha ya se han otorgado 320.000 nuevas PGU de las 600.000 proyectadas, con el cual el total de beneficiarios en septiembre asciende a 1.865.000”.

El proceso de implementación de la PGU tuvo al menos dos hitos claves: febrero, en donde a la gran mayoría de los beneficiarios del antiguo Sistema de Pensiones Solidarias de vejez (PBS y APS) fueron transferidos automáticamente a la PGU, y agosto, mes a partir del cual comenzaron a regir los requisitos permanentes de acceso al beneficio, entre los que se encuentran el no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o más años (hasta antes de ese mes el requisito era pertenecer al 60% más pobre de la población).

Durante los últimos días, han surgido voces críticas desde sectores ligados al Gobierno anterior, respecto al proceso de implementación de la PGU, que apuntarían a que supuestamente solo se han concedido 100.000 nuevos beneficios de los cerca de 600.000 estimados por la DIPRES en el informe financiero del proyecto en diciembre de 2021. Esta cifra es completamente falaz, en la medida que desde febrero y hasta la fecha ya se han otorgado 320.000 nuevas PGU de las 600.000 proyectadas, con cual el total de beneficiarios en septiembre asciende a 1.865.000, es decir, tan solo a 280.000 beneficiarios de los 2.145.000 que se podría alcanzar potencialmente en caso de que todos los posibles beneficiarios postularan.

Vale la pena destacar, que esta cifra potencial no considera a los afiliados o pensionados de los regímenes previsionales de las fuerzas armadas y de orden (Dipreca y Capredena) y a todas las y los adultos mayores acogidos a leyes de reparación por violaciones a los derechos humanos y pensiones de gracia, ya que ambos grupos son excluidos del beneficio por ley.

Ahora bien, hay varios motivos para explicar este saldo faltante de 280.000 beneficiarios. En primer lugar, se encuentran en trámite de asignación 84.000 solicitudes, correspondiente a personas que ya solicitaron el beneficio y de las cuales el IPS está recabando su información para determinar si cumplen o no el requisito de focalización, trámite que toma al menos un mes de trabajo, ya que se debe chequear información con distintas instituciones públicas y privadas, como el SII y las AFP.

En segundo lugar, para acceder a la PGU es necesario solicitar el beneficio, lo que no ocurre en todos los casos en que el individuo pudiese hacerlo. Actualmente, el IPS tiene identificados 90.000 potenciales beneficiarios de la PGU, inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), pero que no han solicitado el beneficio, a los cuales el IPS ya les notificó que cumplen con los requisitos y los instó a postular para mejorar su pensión total. Adicionalmente, hay 100.000 adultos mayores más con RSH que el IPS está evaluando si cumplen o no los requisitos para ser potenciales beneficiarios, los que en octubre serán notificados de ser el caso.

De mantenerse las tasas de aprobación que se han dado hasta ahora, 215.000 personas adicionales calificarían para el beneficio, faltando 65.000 personas solamente para alcanzar la cifra de 600.000 del informe financiero.

En este marco, no podemos dejar de mencionar el cambio en el universo de población relevante para efectos de determinar las personas elegibles para este beneficio, el que dejó de ser la población total pasando a los grupos familiares de adultos mayores, lo que tuvo una incidencia directa en la caída en el puntaje de corte.

Finalmente, y no menos importante, existirían alrededor de 200.000 adultos mayores de 65 años en nuestro país que no tienen RSH, por lo que carecen de información para ser evaluados, de los cuales al menos un porcentaje relevante pertenecerían al 90% si se inscribieran en el Registro Social.