Perdonazo a las deudas: borrón sin cuenta nueva

MACARENA LETELIER VELASCO

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se encuentra conociendo, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley boletín 14.888-03, más conocido como “perdonazo”. Esta iniciativa obliga a los responsables de los registros o bancos de datos personales a eliminar las obligaciones que se hayan hecho exigibles antes del 30 de abril de 2022 y que, a la fecha de publicación de la ley, sean inferiores a $2.500.000 de capital.

En algunas ocasiones el espíritu de una política regulatoria puede ser entendido desde una sola mirada, el aparente beneficio directo, a corto plazo, incluso populista, carente de un análisis integral de su impacto. Asimismo, puede volverse extemporáneo, en atención al tiempo transcurrido desde su ingreso hasta su total tramitación, como parece ser en este caso.

“En 2012, la Ley Dicom ya produjo una restricción en la oferta de crédito de consumo, un alza de tasas de interés y mayores requisitos de acceso”.

Avala la premisa anterior la opinión de múltiples instituciones, técnicas y sectoriales, que han expuesto ante la comisión alertando los riesgos del proyecto. Así, la presidenta de la CMF fue muy clara en este punto, al afirmar que la información de deuda permite a los otorgantes de crédito gestionar adecuadamente sus riesgos (provisiones y capital); que la información permite evitar el exceso de endeudamiento de personas y empresas vulnerables; y que se logran mejores condiciones en productos financieros al visibilizar el comportamiento de pago.

Por su parte la COOPERA, asociación gremial que reúne a las cooperativas de ahorro y crédito, reconoce que hay un porcentaje de la población que está permanentemente sobreendeudado, y señala de manera correcta que a esas personas hay que ayudarlas, pero buscando soluciones que no los perjudiquen ni a ellas ni a los buenos pagadores. Entre las propuestas esbozadas está potenciar la Ley de Portabilidad Financiera ley N°21.236, que con la eventual aprobación de este proyecto tendrá una mayor dificultad de operar por la falta de información de quienes quieran portarse.

Por último, el vicepresidente del Banco Central señaló que su institución ha apoyado reiteradamente la idea de mejorar la calidad de la información crediticia disponible, por la importancia que ésta tiene para todas las partes involucradas, pero en este caso el proyecto va en sentido contrario.

Recordemos que, en 2012, la ley N°21.575, conocida como “Ley Dicom”, ya produjo una restricción en la oferta de crédito de consumo, un alza de tasas de interés y mayores requisitos de acceso. Igual de complejo que los efectos financieros negativos es el manejo o “juego” con las expectativas de las personas, que piensan que este tipo de borrones los hará acceder de manera fácil y rápida a nuevos créditos, creyendo incluso que sus deudas dejaron de existir.

Es fundamental una mayor y mejor educación en materia financiera. Hay que explicar de manera clara las ventajas de contar con una información oportuna y correcta de las deudas, para que no proliferen el mercado informal y el alza de tasas ante un mayor riesgo en el sistema. Este “perdonazo” está lejos de ser un borrón y cuenta nueva, por el contrario, está cada vez más cerca de ser un borrón SIN acceso a nuevos y mejores créditos.