Ley Pro Consumidor: veto a un veto

Macarena Letelier

La libertad como principio debe estar presente de forma transversal en la vida de las personas, aunque excepcionalmente pueda verse limitada para resguardar derechos propios o de terceros. En materia económica la libertad tiene un rol fundamental para el emprendimiento, la innovación, y el crecimiento, y se puede limitar sólo en casos excepcionales, entre otros, cuando colisiona con principios como la libre competencia o derechos ajenos, como es el caso de los consumidores, supuestos que deben consagrarse a nivel legal como lo establece la constitución.

El proyecto de Ley Pro Consumidor (Boletín 12.409-03) ingresado a la Cámara de Diputados en enero de 2019, tenía originalmente como objetivos perfeccionar la regulación del derecho a retracto; facilitar la terminación de contratos de adhesión; ampliar los derechos del consumidor financiero y el derecho al prepago en materia de consumo; establecer la libre elección del consumidor entre la garantía legal y la voluntaria, y establecer nuevos derechos en el mercado de las aerolíneas y su relación con los pasajeros.

Sin embargo, durante la tramitación del proyecto se incorporó una indicación parlamentaria aprobada en ambas cámaras que señala: “el proveedor de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo, o la aplicación de descuentos adicionales al precio de estos, se realiza exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro ”. Este hecho alertado por técnicos, gremios, e incluso los mismos parlamentarios, motivó la presentación de un veto presidencial de carácter sustitutivo.

La norma que se busca sustituir contempla una prohibición, un límite a la libertad de las personas a optar, un retroceso en materia de libre competencia, un desconocimiento a la autonomía de la voluntad de las personas que antes distintas ofertas, informadas de manera correcta, pueden decidir por una por otra. La nueva propuesta incentiva a los proveedores -cumpliendo ciertos requisitos- a competir, otorgando mejores condiciones a los consumidores.

El veto del Ejecutivo busca regular la aplicación de descuentos o el otorgamiento de beneficios a un medio de pago específico con información, mayor publicidad y transparencia, para que sea el consumidor quien tome la decisión y no el legislador quien lo haga anticipadamente. Asimismo, en los casos en los que los proveedores ofrecidos están exclusivamente asociados al medio de pago y el consumidor opte libremente por una alternativa crediticia en más de una cuota, se deberá informar previamente el costo total del crédito.

Paradójicamente estamos ante el veto a un veto, el último en su sentido literal “prohibición” que esperamos sea corregido y se encamine en el diseño de políticas públicas que resguarden el principio de libertad.