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Alto contrasteLey Pro Consumidor: veto a un veto
Macarena Letelier Velasco Directora Ejecutiva CAM Santiago
consumidores
Macarena Letelier
La libertad como principio debe estar presente de forma transversal en la vida de las personas, aunque excepcionalmente pueda verse limitada para resguardar derechos propios o de terceros. En materia económica la libertad tiene un rol fundamental para el emprendimiento, la innovación, y el crecimiento, y se puede limitar sólo en casos excepcionales, entre otros, cuando colisiona con principios como la libre competencia o derechos ajenos, como es el caso de los consumidores, supuestos que deben consagrarse a nivel legal como lo establece la constitución.
El proyecto de Ley Pro Consumidor (Boletín 12.409-03) ingresado a la Cámara de Diputados en enero de 2019, tenía originalmente como objetivos perfeccionar la regulación del derecho a retracto; facilitar la terminación de contratos de adhesión; ampliar los derechos del consumidor financiero y el derecho al prepago en materia de consumo; establecer la libre elección del consumidor entre la garantía legal y la voluntaria, y establecer nuevos derechos en el mercado de las aerolíneas y su relación con los pasajeros.
Sin embargo, durante la tramitación del proyecto se incorporó una indicación parlamentaria aprobada en ambas cámaras que señala: “el proveedor de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo, o la aplicación de descuentos adicionales al precio de estos, se realiza exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro ”. Este hecho alertado por técnicos, gremios, e incluso los mismos parlamentarios, motivó la presentación de un veto presidencial de carácter sustitutivo.
La norma que se busca sustituir contempla una prohibición, un límite a la libertad de las personas a optar, un retroceso en materia de libre competencia, un desconocimiento a la autonomía de la voluntad de las personas que antes distintas ofertas, informadas de manera correcta, pueden decidir por una por otra. La nueva propuesta incentiva a los proveedores -cumpliendo ciertos requisitos- a competir, otorgando mejores condiciones a los consumidores.
El veto del Ejecutivo busca regular la aplicación de descuentos o el otorgamiento de beneficios a un medio de pago específico con información, mayor publicidad y transparencia, para que sea el consumidor quien tome la decisión y no el legislador quien lo haga anticipadamente. Asimismo, en los casos en los que los proveedores ofrecidos están exclusivamente asociados al medio de pago y el consumidor opte libremente por una alternativa crediticia en más de una cuota, se deberá informar previamente el costo total del crédito.
Paradójicamente estamos ante el veto a un veto, el último en su sentido literal “prohibición” que esperamos sea corregido y se encamine en el diseño de políticas públicas que resguarden el principio de libertad.
