La otra campaña: los caminos de la reforma constitucional
Gonzalo García Constitucionalista y profesor de la U. Alberto Hurtado, ex ministro del TC
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Gonzalo García
Cuando María Elisa Quinteros tocó el martes la última campanilla en medio de las emociones encontradas del Pleno de la Convención, aprobando el texto de Nueva Constitución, se abrió la campaña binaria del apruebo y el rechazo.
En el último mes casi 7 chilenos de 10 piensan que debemos aprobar o rechazar para reformar (Cadem). Allí se decidirá la suerte del plebiscito. Sin embargo, sobre todos se cernirá una campaña segregada, parcial, ingeniosa, esperanzadora, amenazante y, en cualquier circunstancia, polarizada. Sustraerse de ese clima no será fácil, pero esa mayoría que pidió una nueva Constitución para el país también espera que las campañas ofrezcan la vía de la reforma.
“El desafío es reformar de un modo creíble y que duela tanto a los partidarios del statu quo, como a los promotores de un cambio sin historia y sometido al ensayo y error”.
Algo se ha hecho. Por ejemplo, para reformar la Constitución vigente, hay un proyecto de ley que establece un quórum de modificación por los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio (Boletín 15.065/07), que comenzó su tramitación esta semana en el Senado. Es un gesto, pero es completamente insuficiente en relación con el mandato del 25 de octubre de 2020. Es el cambio N° 63° para abrir la llave a una desconocida reforma 64°. Rebajar quórums para reformar cuando hay un acápite para tener una nueva Constitución, exige a lo menos que deba existir un procedimiento ideado para contar con una carta fundamental distinta y con energía renovada.
Y en el borrador hay mucho que reformar, partiendo desde la primera preocupación de los chilenos hoy: seguridad. Sugiero eliminar la soberbia del octubrismo presente en su texto, lo que empieza por reincorporar la función de mantener el orden público como tarea del Presidente de la República y definiendo con claridad quién la ejercerá en regiones (¿el gobernador?). Asimismo, resituando el debate sobre la desmilitarización de Carabineros en el plano legal, donde algunas de sus unidades podrían tener tal carácter.
Los cambios institucionales, el resguardo de los derechos humanos y el control sobre las policías no pueden llevar a desconocer los desafíos de seguridad pública, violencia y terrorismo que el país enfrenta. Experimentar hoy, lo podemos lamentar mañana. La tarea es perfeccionar con inteligencia. De la misma manera, la idea implícita de crear una nueva policía marítima y aeronáutica, según se desprende de una norma transitoria, requiere un profundo examen legal.
También debe reponerse el estado de emergencia, porque es sensato que las autoridades puedan actuar antes de caer en un conflicto armado interno propio del Estado de Sitio. No podemos esperar ese nivel de gravedad, aunque cosa diferente es cómo reaccionar y la Constitución debe proveer una caja de herramientas adecuada. Los mandos no deberían estar supeditados a descabezamientos en una crisis, y en esto las normas transitorias son más virtuosas que las permanentes, debiendo abrogarse éstas.
La oferta es reformar de un modo creíble y que duela tanto a los partidarios del statu quo como a los promotores de un cambio sin historia y sometido al ensayo y error.