Integridad en el sector público

GONZALO SAID

Las empresas del sector privado han ido incorporando progresivamente herramientas para prevenir conductas antiéticas, asegurar el cumplimiento normativo y promover buenas prácticas. Hoy es frecuente que las organizaciones cuenten con códigos de ética, líneas de denuncias, planes de cumplimiento, un oficial encargado del tema, capacitaciones a todo nivel, entre muchas otras herramientas.

Asimismo, las compañías han hecho importantes esfuerzos en la implementación y desarrollo del Modelo de Prevención de Delitos que promueve la Ley 20.393. Hay que decirlo: la mayoría de estos instrumentos no era de uso masivo hace una década en el sector privado.

“Avanzar hacia una cultura de integridad no puede quedar circunscrito solo a la labor que se está desarrollando en el ámbito privado. Evitar la corrupción va más allá de simples declaraciones”.

Avanzar hacia una cultura de integridad no puede quedar circunscrito solo a esta labor que se está desarrollando en el ámbito privado. Es igual de importante promover en el sector público la adopción paulatina de las herramientas que allí han sido exitosas, porque cualquier acto reñido con la integridad que ocurre en esa área afecta no solo la provisión de servicios que entrega el Estado, sino también equivale a un mal manejo de los recursos que han aportado los contribuyentes. Resulta, entonces, esencial garantizar un uso eficiente e intachable de los impuestos que recauda el fisco.

Es destacable que ya existan organizaciones públicas que han avanzado para incorporar estas prácticas. La última versión del Barómetro de Valores e Integridad Organizacional -que desde hace más de 15 años mide la definición, vivencia y comunicación de valores al interior de la empresa, la presencia de conflictos éticos y el compromiso de la jerarquía organizacional con estas materias-, contó con tres instituciones públicas: Corfo, el SII y el Banco Central. En su oportunidad, el entonces presidente del instituto emisor, Mario Marcel, manifestó la necesidad de que las organizaciones públicas gestionen proactivamente estos riesgos e impulsó el cargo de Oficial de Cumplimiento en dicho organismo.

Es muy gratificante constatar que el compromiso del actual ministro de Hacienda con promover una cultura de integridad en el sector público sigue intacto.

Es imperativo para todos los actores sociales promover el uso de herramientas para prevenir conductas antiéticas en el mundo público. Las líneas de denuncia, la medición del Barómetro u otro indicador, la creación de oficiales de cumplimiento en cada repartición y seguir fortaleciendo el rol independiente de la Contraloría, entre otras acciones, son esenciales si esperamos que el Estado administre nuestros impuestos de manera segura y eficiente.

Evitar la corrupción va más allá de simples declaraciones. Tampoco existe un umbral, que una vez superado, concluya la tarea. Es un trabajo continuo que exige compromiso, perseverancia, voluntad, decisión y liderazgo.