Ingreso Mínimo, más de lo mismo

Marcos Barraza Gómez

¿Por qué las respuestas del gobierno frente a la crisis que vive el país son insuficientes? Porque hasta ahora sólo replican el mismo modelo de política pública neoliberal que ha sido fuente de las profundas desigualdades. El error de fondo es creer que la exigencia, por ejemplo, de un salario mínimo de $500 mil, remite sólo a más ingresos, sin importar el origen de los recursos y sin reconocer el cuestionamiento a la lógica tecnocrática con la que se ha subvalorado el trabajo.

Los datos del último Barómetro del Trabajo de la Fundación FIEL y Mori Chile así lo reflejan. Los trabajadores y trabajadoras aspiran a vivir dignamente, en base a su trabajo y no a apoyos estatales que generan dependencia. El proyecto de aumento salarial a $ 350 mil vía subsidios por parte del Estado demuestra la escasa capacidad del gobierno para hacerse cargo de los problemas de fondo que presenta el mundo del trabajo.

Los actuales déficit y tensiones obedecen más bien a un notorio desequilibrio en materia de distribución de la riqueza en nuestro país, de los cuales el índice GINI es sólo una muestra. Por lo mismo, de prosperar el proyecto sobre Ingreso Mínimo Garantizado, se mantendría la condición de privación salarial si consideramos, entre otros puntos, que la canasta básica de alimentos (encuesta CASEN) llega a los $429.710 para un hogar de cuatro integrantes (línea de pobreza).

En ese sentido, considerar los subsidios como mecanismo de mejoramiento de las condiciones salariales resulta no sólo inconsistente, sino contradictorio con la necesidad de establecer una política salarial que dignifique el trabajo y que apunte a una justa distribución de la ganancia por concepto de trabajo.

En la práctica, hacer uso de transferencias monetarias implica que los recursos de todos los chilenos y chilenas vayan a las empresas a fin de demostrar que existe una transformación en materia de ingreso de los trabajadores. En rigor, deben ser las empresas las que asuman su responsabilidad en esta materia. Subsidiar implica más de lo mismo, es decir, la orientación de recursos estatales hacia el sector privado y no precisamente el resguardo de los derechos esenciales.

Los principales contenidos del proyecto para subsidiar el ingreso mínimo remiten a los mismos criterios de políticas de transferencia monetaria ya conocidos, es decir, no producen ninguna innovación que distinga de una política pública que en el presente ya resulta insuficiente para las y los trabajadores. Lo anterior lleva a la conclusión de que esta iniciativa legislativa, que impactaría a 870 mil trabajadores, sólo es más de lo mismo, puesto que los actuales instrumentos ya permiten aumentar el ingreso a través de subsidios (Subsidio Único Familiar, Bono Trabajador Mujer y Bono Trabajador Joven).

Lo que la ciudadanía demanda hoy no son políticas incrementales, sino transformaciones sustantivas. En el caso del salario mínimo: vivir con dignidad a partir de su trabajo y no de subsidios orientados a aliviar la pobreza.