Incoherencias tributarias

FERNANDO BARROS TOCORNAL

En silencio avanza la tramitación legislativa de la reforma tributaria presentada por el Gobierno, la que espera recaudar un 4,1% del PIB para financiar los gastos requeridos para cumplir con el programa presidencial.

Sin entrar en las razonables dudas que existen de que se logre ese nivel de recaudación -ya iniciativas anteriores estuvieron muy lejos de sus objetivos, amén del negativo efecto en la inversión y el crecimiento-, ahora que se han disipado las explicaciones conceptuales cabe referirse a algunos aspectos menos comentados.

“Es de esperar que la instancia legislativa permita hacer ver, y corregir, la falta de armonía en numerosas normas y la carga que suponen varias disposiciones de la reforma tributaria para el ahorro y la inversión en nuestro país”.

Sobre el impuesto al patrimonio, fallida medida aplicada con alto costo en Francia y otros países, cabe reiterar que se ha desoído la experiencia internacional y las recomendaciones de la OCDE, que hacen ver los negativos efectos de una doble tributación a activos que cumplieron sus obligaciones tributarias; al nivel que, considerando rentabilidades promedio de 5% anual para un patrimonio, la carga propuesta gravaría la renta en niveles totales cercanos al 80%, pudiendo incluso superar el 100% de las utilidades de uno o más años.

El corralito chileno pretende evitar la emigración de estos contribuyentes con un impuesto adicional de un 5% del patrimonio al que aspire dejar de residir o estar domiciliado en el país. Si esta normativa avanza en su tramitación es de prever la pérdida de capacidades humanas y capitales.

Se olvida a nacionales que podrían regresar a Chile después de fructíferas carreras deportivas, artísticas, literarias en el exterior o, también, a exitosos inversionistas o profesionales extranjeros que vendrían a invertir y emprender, incluso en áreas de conservación, como lo hiciera el millonario Douglas Tompkins. Todos ellos tendrán que pensarlo antes muy bien, ya que la sola estadía en Chile -por ejemplo, por tres años-, les significará un pago de cerca del 10% de su patrimonio.

Por otra parte, se modifican las normas sobre rentas exentas, como lo son los excedentes previsionales de libre disposición, y se les grava con impuesto global complementario (IGC) en el exceso de $1,5 mm y se limitan a $15mm los gastos deducibles de la base imponible de IGC, dejando en letra muerta diversas normas, como la nueva ley sobre régimen tributario de las donaciones a instituciones sin fines de lucro. Además, se modifica el régimen del IVA a los inmuebles amoblados, afectando con el cambio a proyectos en curso; y se obliga a contribuyentes y herederos, sin distinguir la cuantía involucrada, a costosas valorizaciones, con la vulnerabilidad asociada al posterior cuestionamiento por el SII de los valores e impuestos resultantes de ellas.

El proyecto otorga al SII nuevas atribuciones para fiscalizar a quienes pagan sus impuestos sin decir nada del combate a la informalidad, y propone medidas para evitar la elusión y que los contribuyentes respeten el espíritu y letra de la ley. Pero como contrapartida, se pretende legalizar el incumplimiento del compromiso asumido formalmente por el Estado con contribuyentes inversionistas, con carácter de Contrato Ley del DFL 2, y modifica, con efecto retroactivo, el régimen tributario y hereditario convenido para un máximo de dos unidades habitacionales.

Es de esperar que la verdadera participación ciudadana en la instancia legislativa permita a los contribuyentes hacer ver, y corregir, la falta de armonía en numerosas normas y la carga que suponen varias disposiciones que representan un fuerte desincentivo al ahorro y la inversión en nuestro país.