Violencia constitucional NO

Fernando Barros

Podría creerse que el 18/10 Chile reventó, se desquició, o que despertó, según sus adeptos, para explicar la explosión de odiosidad fratricida y de destrucción de características terroristas jamás vistas. No será fácil entender las motivaciones del incendio y devastación del servicio de Metro, orgullo del país, que sirve a todos los habitantes por igual, o los supermercados y comercio de los barrios populares, obligando a la población a viajar horas para trasladarse o abastecerse.

No cabe acá intentar una explicación de estos deplorables crímenes, pero sí debemos recordar hitos a través de los años, como la desvergonzada agresión de una joven a la ministra de Educación, los atentados, los innumerables actos vandálicos en colegios públicos emblemáticos que los llevaron a su decadencia, actos a los que, ayer y hoy, los medios de comunicación y sus “rostros” auto erigidos en iluminados mostraban su descarada simpatía. Ello junto a organizaciones ideologizadas y de dudosa representatividad que permanentemente han desprestigiado y obstaculizado la sacrificada acción de las fuerzas de orden, privilegiando la destrucción de bienes públicos y privados, el bloqueo de calles y el vejamen de transeúntes y conductores, en nombre de una malentendida libertad ilimitada, incluso para destruir nuestro país.

Un masivo movimiento ciudadano surgió del fuego destructor, cual planta pirófila, independiente de la política, en el que ciudadanos formularon diversas peticiones, desde una mejor vida para los ancianos hasta no pagar los compromisos asumidos por el uso de autopistas, y experimentaron un desahogo y catarsis colectiva. Ésta fue rápidamente capturada, por su ingenuidad y poca resistencia, por los violentistas y pseudo movimientos sociales, que han paralizado el país en base al saqueo, la devastación y el miedo de la mayoría pacifica, buscando llevar el movimiento a derrocar al Presidente electo con el mayor número de votos de nuestra historia e imponiendo, con violencia y engaño, darle prioridad a una reforma institucional ajena al programa de gobierno.

Hoy debemos comenzar una acción masiva y unitaria de reconstrucción de nuestra economía y evitar que la crisis, que ya llegó, se profundice y lleve de vuelta a la pobreza a millones de compatriotas que, con esfuerzo y amparados en políticas económicas acertadas, lograron alcanzar niveles medios y altos de desarrollo personal y familiar.

Pero no está siendo así. Los cantos de sirena de un proceso impuesto a la fuerza por élites y la falsa promesa de que la sustitución total de nuestra Constitución Política representará la felicidad y el fin de todos los males y pesadillas de cada chileno, han generado falsas expectativas cuyo inevitable incumplimiento sólo traerá más frustración y división.

La pretensión de despreciar 200 años de evolución institucional de Chile y botar a la basura una Constitución modernizada con amplios consensos, piedra angular del innegable desarrollo democrático y económico alcanzado, excluyendo la opción de revisarla conforme a las normas vigentes y obligarnos a comenzar desde cero, con las barricadas aún humeando, las amenazas y violencia en el aire y el país en el suelo, es ilegítima y un engaño que extenderá la incertidumbre por años y profundizará la crisis a la que nos llevó la violencia aún en desarrollo.

Ante prioridades superiores y éticamente impostergables, y alternativas viciadas por la fuerza y el odio, cabe rechazar el proceso de destrucción institucional que se quiere imponer y rechazar con un rotundo NO el camino del plebiscito del saqueo.