Utilidad y educación

Erik Haindl

La actual reforma educacional parece estar guiada por el slogan “no al lucro en la educación” y especialmente en la educación superior, se persigue un equilibrio en que sólo existan instituciones sin fines de lucro. ¿Cuál es el real impacto de forzar un esquema institucional en que los pagos al capital desaparezcan? ¿Qué se puede esperar de este nuevo equilibrio en términos del desarrollo económico, de la asignación de recursos, de la equidad, y de la acumulación de capital humano? 
En primer lugar, la educación requiere de capital y trabajo para ser llevada a cabo, y por lo tanto está sujeta a las leyes de la escasez, aún cuando se hagan declaraciones rimbombantes de que esto es un “derecho social”. La educación cumple simultáneamente muchos propósitos, lo que la convierte en un fenómeno complejo, pero desde un punto de vista económico su principal función es la de permitir la acumulación de capital humano. Por ello puede ser apropiadamente clasificada como una “industria de bienes de capital” (no bienes de consumo como se la definió erradamente).

Al ser una industria de bienes de capital, que provee del grueso del capital humano a la economía, cumple un rol de primer orden en el desarrollo económico del país. De hecho, en los últimos diez años, la acumulación de capital humano permite explicar alrededor de 48% del crecimiento del PIB de tendencia.

En segundo lugar, al estar sujeto a las leyes de la escasez, sólo se puede contar con este bien en el mercado si se está dispuesto a pagar a los factores productivos al menos su precio de reserva. Esto requiere pagar a los profesores y funcionarios una remuneración que les haga atractivo cumplir su función en buena forma, y remunerar al capital al menos en su costo alternativo. De lo contrario en el largo plazo no se tendrá oferta de capital para este sector, a menos que el Estado salga a proveerlo. Prohibir los pagos al capital en forma efectiva, debiera redundar en que desaparece el capital privado en la educación y el poco que queda debe ser provisto por el Estado.

En tercer lugar, el incentivo a proveer bienes por parte de los empresarios, siempre se rige por la búsqueda de utilidades, y la educación no es una excepción. Como dijo Adam Smith hace doscientos cincuenta años: “No de la benevolencia del carnicero, del viñatero, del panadero, sino de sus miras al interés propio es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. No imploramos su humanidad, sino acudimos a su amor propio; nunca le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas” (La Riqueza de las Naciones, Capitulo II).

En el caso de Chile en los últimos treinta y cuatro años, bajo un régimen que permitía la creación de empresas educativas, con el propósito de obtener utilidades, los empresarios privados de la educación expandieron fuertemente la cobertura de la educación en todos sus niveles. Entre 1980 y 2012, la educación media subió desde 629 mil alumnos a 939 mil. La educación superior subió desde 120 mil alumnos a un millón 127 mil. Chile llegó en 2012 a tener una cobertura en la educación superior comparable a la de Inglaterra.