¿Empleadores bajo fuego cruzado?

Rodrigo Ugarte

Se espera que en transcurso de los próximos días termine su tramitación en el Congreso Nacional la ley que fija el nuevo monto del ingreso mínimo mensual y que lo aumenta progresivamente para llegar a $500.000 en julio de 2024, junto con un subsidio para las pymes.

Es relevante tener presente que, desde 2017 el ingreso mínimo mensual ha crecido por sobre la productividad del país. Pero, en esta oportunidad, con un aumento de 9,9% real, experimentará la mayor alza desde 1990, lo cual incrementará significativa y exponencialmente dicha brecha.

“Desde 2017 el ingreso mínimo mensual ha crecido por sobre la productividad del país. El actual aumento de 9,9% real será la mayor alza desde 1990”.

Su aprobación se da en un contexto de una deteriorada actividad económica, en la que se están produciendo menos bienes y servicios que hace un año atrás, lo cual ha impactado fuertemente en el empleo. Los datos disponibles indican que, en los últimos doce meses, aumentó en un 26% la pérdida de puestos de trabajo.

Yendo un poco más atrás, el crecimiento económico del país prácticamente se estancó en la última década. Algunos economistas han llamado al período entre 2014 y 2023, como la década perdida; derechamente, el país parece haberse olvidado de crecer.

Volviendo al presente, tenemos la recientemente aprobada ley que reduce la jornada de 45 a 40 horas semanales. Si bien, en términos generales, ha sido recibida como una buena noticia, no debe soslayarse que para los empleadores conllevará un incremento de un once por ciento de sus costos laborales.

Al mismo tiempo, todo parece indicar que bajo esta administración se convertiría en ley la reforma al sistema de pensiones. El aumento que contempla en la cotización, también será de cargo de los empleadores, quienes verían incrementados sus costos laborales en un 6% adicional, en un lapso de cinco años.

Por su parte, parlamentarios han presentado proyectos de ley en materias laborales que introducen sendas modificaciones en materia de gratificaciones o modifican las consecuencias jurídicas y económicas, en caso de despidos improcedentes por necesidades de la empresa, lo que compromete su legítima facultad de administración y dirección frente a situaciones coyunturales que, no por ello, resultan menos importantes para la viabilidad de las empresas.

Más allá del mérito –o el demérito– del proyecto que aumenta el ingreso mínimo en particular, la pregunta que cabe hacer es si en el mediano y largo plazo los empleadores están en condiciones de absorber los mayores costos que todos estos proyectos suponen –particularmente, las micro, pequeñas y medianas empresas– sin comprometer irreversiblemente su competitividad en el tiempo.

Por todo ello, es necesario ser extremadamente cuidadosos con las sobre regulaciones que se introduzcan al mercado laboral, los sostenidos aumentos de costos que está experimentando y volver a una mirada sistémica del mismo, que permita poner en el centro de la discusión pública cómo lo dinamizamos, de modo tal que vuelva a constituir un factor decisivo en el aporte a la recuperación del crecimiento económico del país.

No queremos otra década perdida.