El rol de la evaluación de políticas públicas en la libre competencia

ANA MARÍA MONTOYA

En mayo, el ministerio de Hacienda ingresó un proyecto de ley para crear la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, órgano técnico, que tendrá como objetivo promover, velar y evaluar la eficiencia y eficacia de programas sociales y no sociales para aumentar el bienestar y ganancias en productividad y promover buenas prácticas regulatorias.

Lo anterior es una excelente noticia. Hasta ahora -en su mayoría- la evaluación de las políticas públicas asociadas a programas sociales en funcionamiento en el país tiene su institucionalidad, y también un departamento, en la Dirección de Presupuesto (Dipres). Desde 1998 se han evaluado 700 programas públicos con profesionales externos, incorporando las mejores metodologías de evaluación de impacto.

“Si queremos enfocarnos en aumentar la productividad, donde la competencia es crucial, no solo debemos definir nuevas regulaciones. También debemos evaluar sus efectos”.

Sin embargo, tal como lo señala el diagnóstico del Ministerio de Hacienda, faltaría un mayor foco en la evaluación de impacto de cambios regulatorios. Esto es una oportunidad. Muchos cambios regulatorios destinados a aumentar la competencia en los mercados -que, por supuesto tienen como objetivo aumentar la eficiencia, productividad y el bienestar de los consumidores-, no pasan por programas sociales, sino, más bien, por cambios regulatorios que se instruyen a los privados por parte de autoridades de libre competencia y/o de órganos sectoriales. En la actualidad, si no es por la academia o por leyes particulares que exigen las evaluaciones a los órganos sectoriales, se carece de evaluaciones de impacto de los cambios implementados.

A modo de ejemplo, en materia de libre competencia se han generado modificaciones estructurales en mercados esenciales para los consumidores que, sin duda, ameritan tener evaluaciones de impacto rigurosas. Me refiero a la regulación de las tasas de intercambio en medios de pago, la ley de portabilidad financiera, el ingreso de emisores no bancarios al mercado y los cambios generados, recientemente, por la Ley Fintech y de finanzas abiertas en el mercado financiero. A ellas se suman la desintegración de Gasmar en el mercado del gas y la prohibición de diferenciación de tarifas entre llamadas dentro de la red de proveedor, en el de las telecomunicaciones. Y es el caso, también, de la Ley de Pesca que se busca derogar por “ilegitimidad de origen” y que nunca ha sido evaluada.

¿Por qué esto es relevante? Porque si queremos enfocarnos en aumentar la productividad de nuestra economía, donde la competencia en los mercados es crucial, debemos ocuparnos no solo de definir nuevas regulaciones, sino que también de evaluar sus efectos. Lo anterior es un rol inherente del Estado que debe garantizar que las instituciones públicas estén cumpliendo sus objetivos en beneficio de los ciudadanos. Esto ayudará también a dar mayor legitimidad a los órganos estatales que, muchas veces, son lejanos y desconocidos para los ciudadanos, en tiempos en que la confianza en las instituciones ha ido disminuyendo. Es, así, una política pública que -de ser bien implementada- solo traerá beneficios.