¿El “revival”del DL600?

Francisco Orrego B.

La derogación en 2015 del antiguo DL600, que establecía normas sobre promoción y protección a la inversión extranjera en Chile, luego de décadas de exitosa aplicación desde su dictación en 1974, generó duros cuestionamientos en el mundo público y privado. Aunque el gobierno de la época apeló a una serie de razones para cambiar el régimen vigente —tales como la estabilidad política, económica y social lograda por el país, muy distinta a aquella de los años setenta, una escasa aplicación del DL600 y una extensa red de tratados internacionales sobre protección a la inversión extranjera—, lo cierto es que la razón de fondo de su derogación fue más bien de índole ideológica: se trataba de un instrumento dictado por el gobierno militar. A pesar de su tremendo éxito, éste había que eliminarlo por su espurio origen. ¿Suena conocido?

Haciendo caso omiso del trabajo y recomendaciones que entregó algunos años antes la Comisión de Modernización del DL600, integrada por destacadas personalidades del mundo político y económico, el Mensaje del gobierno anterior, suscrito por los ex ministros Penailillo, Arenas y Céspedes, señalaba que “el Decreto Ley 600 fue concebido en otro momento de nuestra historia, cuando efectivamente las inversiones extranjeras necesitaban de un marco especial tanto institucional como de estabilidad para entrar al país. Hoy dicho régimen de excepcionalidad no es necesario. Chile cuenta con un estatus reconocido a nivel mundial, no sólo por ser miembro de la OCDE, sino por su estabilidad económica, social e institucional, lo cual nos permite con tranquilidad dar el paso de derogar este decreto ley”. Hoy estas palabras deben estar retumbando en las cabezas de varios.

No es casualidad, entonces, que en el período 2014-2017 la inversión extranjera en Chile haya disminuido a los menores niveles dentro de la OCDE. Parte de ello se explicaría por la derogación del DL600, pero lo cierto es que fueron las reformas estructurales implementadas por el gobierno anterior las que explican en gran medida estos resultados. Aunque durante 2018 hubo un repunte en la inversión extranjera, y según las ultimas cifras del Banco Central a Octubre de 2019 ésta habría crecido un 64% en relación al año anterior, totalizando US$10.325 millones, a la luz del cuadro de inestabilidad política, económica y social que vive el país a partir del 18-O ni aún estas buenas cifras justificaban derogar el DL600. Aplicaba el viejo dicho gringo: “Si no está roto, no lo arregles””.

A partir del camino de incertidumbre que ha iniciado nuestro país en materia constitucional, la desconfianza generalizada sobre las principales instituciones del Estado, incluyendo el Congreso y los Tribunales, y la delicada situación económica del país, no parece del todo irracional o absurdo pensar en establecer un nuevo mecanismo o estatuto para la promoción y protección de la inversión extranjera como parte de un Pacto por el Crecimiento, aún pendiente. No se trata de revivir el DL600, sino que de generar un instrumento que recoja las mejores prácticas y recomendaciones comparadas.