Disciplina fiscal

Luis Felipe Lagos M.

Sin duda, la política de balance estructural de comienzos de los 2000 permitió alcanzar la disciplina fiscal, al condicionar los aumentos de gasto a los ingresos de largo plazo o cíclicamente ajustados, acumulando ahorros durante los períodos de alto precio del cobre y manteniendo la deuda pública en niveles acotados. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, y a partir de la crisis financiera de 2008-2009, la regla fiscal fue perdiendo credibilidad, debido a frecuentes modificaciones de la meta del balance estructural y cambios metodológicos, generándoos déficits efectivos persistentes y un rápido crecimiento de la deuda.

El Gobierno actual ha manifestado su opción por la responsabilidad fiscal, modificando adecuadamente la regla fiscal al introducir una meta de deuda a PIB en un nivel prudente, que no supere un 45% del producto, junto a una meta de balance estructural, para así asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. No obstante, los mayores gastos enunciados en el programa de Gobierno, como las presiones de gasto que surgen de aprobarse la propuesta de Constitución, generan preocupación respecto de la factibilidad de recuperar la disciplina fiscal.

“El fin de la iniciativa exclusiva de gasto del Ejecutivo no es coherente con la inclusión de responsabilidad fiscal como principio en la propuesta de Constitución”.

Las proyecciones de ingresos del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2022, y las presiones de gasto que se pueden anticipar, llevan a mirar con preocupación la situación fiscal. Para el período 2023-2026 se proyecta un incremento promedio del gasto comprometido de 1,2%, y de 1,7% para el gasto compatible con la meta. La holgura acumulada (diferencia entre gastos compatibles con la meta de balance estructural y gastos comprometidos a esa fecha) se estima en US$ 30.000 millones. Estos cálculos suponen un crecimiento del PIB tendencial de 2,7%, y efectivo de 3% a partir de 2024, lo que parece optimista.

En efecto, nuestra estimación del crecimiento tendencial, dado el estancamiento de la productividad total de factores, caída en la inversión debido a la alta incertidumbre y escaso aumento en la calidad del trabajo (capital humano), está en torno a 1,7%. Incluso esta cifra podría ser inferior, dada la conflictividad laboral que introduciría la nueva Constitución de ser aprobada, limitando la expansión del empleo. En las proyecciones de la Dipres se echa de menos una simulación de escenarios de mayor dispersión respecto de los ingresos, como también lo ha sugerido el Consejo Fiscal Autónomo.

En materia de gastos, el programa de Gobierno costaría US$ 25.000 millones (8% del PIB) y, por otra parte, de aprobarse la propuesta constitucional su costo ascendería a entre 8,9% y 14,2% del PIB por año (entre US$ 28.000 y US$ 45.000 millones), según cálculo de un grupo de economistas. La reforma tributaria en discusión supuestamente permitiría una mayor recaudación de 4,1% del PIB, la mitad del costo del programa. No obstante, dado su sesgo anti-ahorro y anti-inversión, y dada la evidencia de la reforma de 2014, es muy difícil que se logre esa recaudación.

El fin de la iniciativa exclusiva de gasto del Ejecutivo no es coherente con la inclusión de responsabilidad fiscal como principio en la propuesta de Constitución. Los parlamentarios tendrían iniciativa en temas previsionales, y con respecto a gastos e impuestos, deberían solicitar la concurrencia del Ejecutivo. La iniciativa parlamentaria de gasto e impuestos junto a la autonomía financiera, con capacidad de emitir deuda, de las regiones, podría, en el caso de aprobarse, atentar seriamente contra la sostenibilidad fiscal.