Desafíos pendientes para consolidar la regla fiscal dual

MARIO AREND

En agosto de 2024, tras dos años de aplicación, el país institucionalizó una regla dual mediante la Ley N°21.683, que “promueve la responsabilidad fiscal y transparencia en la gestión financiera del Estado”. Esta regla se basa en una meta operacional de corto plazo, el Balance Estructural (BE), y un enfoque de sostenibilidad a largo plazo, definido como un nivel prudente de deuda, estimado en 45% del PIB por el Ministerio de Hacienda. La OCDE describe este marco como un modelo bien diseñado, alineado con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). No obstante, valorando este avance, el CFA advierte que su implementación presenta desafíos que requieren atención.

Un primer aspecto es metodológico, referido a la medición de la sostenibilidad fiscal mediante la deuda bruta. Actualmente, el nivel prudente se calcula sobre esta base; sin embargo, una evaluación más completa debería considerar los activos del Tesoro Público como fuente de financiamiento. Esto sugiere la necesidad de monitorear estos activos de forma complementaria, por lo que sería deseable que la meta de BE sea consistente con objetivos específicos para dichos activos. En esta línea, el FMI recomendó a Hacienda restaurar el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) a un nivel entre 5% y 7% del PIB, para estar bien preparados ante posibles crisis. Esto contrasta con la cifra actual cercana a 1% del PIB.

“Es clave asegurar la estabilidad del nivel prudente de deuda para preservar la credibilidad fiscal, de manera que no se modifique con cada administración, evitando decisiones discrecionales que erosionen la confianza”.

Otro desafío metodológico clave es asegurar la estabilidad del nivel prudente de deuda para preservar la credibilidad fiscal. Es fundamental que no se modifique con cada administración, evitando decisiones discrecionales que puedan erosionar la confianza en la regla fiscal. La OCDE enfatiza que el nivel prudente de deuda no debe alterarse regularmente, ya que, una vez incrementado es políticamente complejo reducirlo, lo que podría comprometer la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Este desafío se someterá a prueba con el cambio de administración en 2026.

También es crucial interpretar correctamente el nivel prudente de deuda, entendiéndolo como un límite restrictivo y no como una meta de endeudamiento. Asimismo, el nivel prudente no debe confundirse con el nivel óptimo, que responde a decisiones de política fiscal y varía según las preferencias de cada administración.

En la dimensión de transparencia fiscal, es esencial contar con información detallada de todos los activos y pasivos financieros del Gobierno Central para monitorear integralmente las finanzas públicas. La deuda bruta y los activos del Tesoro Público no ofrecen una visión completa, donde otras transacciones de activos y pasivos pueden afectar su evolución. Se requiere que Hacienda entregue un mayor detalle en las proyecciones de estos “otros requerimientos de capital”, que en los últimos 16 años promediaron 1,4% del PIB, para comprender y proyectar su impacto en las necesidades de financiamiento. Además, es necesario sistematizar y publicar los criterios para clasificar las transacciones “sobre la línea” (ingresos y gastos) y “bajo la línea” (activos y pasivos financieros) para evitar sesgos en el balance fiscal.

Existen también retos comunicacionales, como la necesidad de explicar de manera clara el impacto positivo en el bienestar social del cumplimiento de la regla fiscal dual. Superar estos desafíos contribuiría a consolidar un marco fiscal más robusto que ayude a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.