Crisis financiera en universidades estatales regionales

PEDRO BAS MOORE

Hace unos meses, la Superintendencia de Educación Superior entregó un informe sobre el preocupante estado financiero de la Universidad estatal de Aysén. Hace algunas semanas, inició una fiscalización a la Universidad estatal de Magallanes por motivos similares. Estas situaciones no son sorpresivas si se considera que el año 2022 la Universidad de Aysén ya tenía patrimonio negativo, y la Universidad de Magallanes había acumulado pérdidas de más de $ 6.700 millones en los últimos 5 años. Estos eventos, aparentemente aislados, reflejan un panorama bastante más extendido que afecta a varias instituciones estatales regionales.

“El uso de factoring, que implica préstamos de muy corto plazo a altas tasas de interés, se ha normalizado, llegando en algunos casos a niveles extremos”.

Si bien los ingresos de las universidades estatales se han visto afectados por la regulación de los aranceles asociada a la política de gratuidad universitaria, este tipo de instituciones fueron las menos perjudicadas, debido a que son las que poseen una menor diferencia entre el arancel real y regulado. Es decir, la diferencia entre lo que les paga el estado por alumno en gratuidad y lo que cobran al resto de los estudiantes es pequeña. De hecho, es tres veces menor que la de las universidades privadas que no forman parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), que incluye a todas las universidades estatales y las privadas creadas antes de 1981. Además, desde el 2020, se les ha permitido utilizar los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario para poder financiar estos déficits. Se trata de un fondo para realizar préstamos estudiantiles que solo tienen las universidades originales del Cruch.

Considerando lo anterior, y que las universidades del Estado reciben importantes fondos públicos, éstas deberían poder solventar su operación de manera sostenible. Sin embargo, el panorama es preocupante. El año pasado, a nivel agregado, las universidades estatales destinaron cerca de la mitad de sus utilidades a costos financieros. El uso de factoring, que implica financiamiento a través de préstamos de muy corto plazo a altas tasas de interés, se ha normalizado en la industria, llegando en algunos casos a niveles extremos. Por ejemplo, una de estas casas de estudio financió el 80% de su deuda del año anterior a través de este mecanismo, destinando $ 2.600 millones al pago de intereses asociados a esto. Otra de estas instituciones, utilizando líneas de crédito bancarias y factoring, ha triplicado su deuda financiera de corto plazo en los últimos cinco años, alcanzando $ 21 mil millones.

Estos, y otros casos, revelan una gestión financiera poco sostenible que requiere una pronta regularización a través de financiamiento de largo plazo y de una planificación financiera realista. Las universidades del Estado cumplen un rol importante en el desarrollo del país, y al ser financiadas con recursos públicos tienen la responsabilidad de destinar sus fondos de manera eficiente, por lo que es fundamental que estos sean utilizados en mejorar la calidad de la educación y no en pagar intereses.