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Alto contrastePartamos haciendo una advertencia: no resulta fácil opinar sobre una investigación en curso, cuyo contenido integral desconocemos y de la cual nos informamos por la prensa. Sin embargo, desde ya es posible hacer algunas afirmaciones que puedan ayudar a separar la paja del trigo, tarea difícil cuando vivimos una avalancha de datos y rumores que contribuyen a mantener la bruma que envuelve estas denuncias, máxime cuando tienen un evidente cariz político.
El foco informativo se ha centrado en los aportes irregulares que el grupo Penta ha hecho a diversos candidatos al Parlamento, en su inmensa mayoría pertenecientes a la UDI. Siendo pertinente y oportuno hacer claridad sobre el tema, la gravedad del caso no se encuentra en esa arista. En el pasado fue frecuente que se usaran mecanismos análogos para financiar campañas electorales, sobre todo hasta el llamado caso Punlicam del 2006 que terminó con la condena de 5 personas el 2008. Los candidatos afectados de entonces no fueron sancionados porque no se probó que supieran del uso de las facturas falsas.
Esta campanada de alerta debió haber erradicado esa mala costumbre del financiamiento electoral y que también se usa por muchos contribuyentes para evadir impuestos.
Pero lo más delicado del caso Penta es la relación del grupo económico, o al menos de algunos de sus responsables, con una red al interior del SII que abultaba la devolución fraudulenta de impuestos utilizando facturas falsas por sumas muy altas de dinero. Es grave porque la Administración Pública en Chile tiene altos índices de probidad, y que un servicio fiscalizador como el SII se vea involucrado en una investigación penal resulta desalentador. Es de esperar que los funcionarios que tomaron parte en estos ilícitos - ya apartados del servicio - sean ejemplarmente sancionados para que sirva escarmiento. El Estado no puede ser capturado ni por los partidos políticos, ni por el poder económico, si quiere cumplir legítimamente su función de guardián del bien común.
La otra arista grave es el conjunto de relaciones establecidas por el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, quien siguió recibiendo emolumentos de Penta mientras se desempeñaba en ese cargo, lo que motivado a la Fiscalía a indagar varios delitos tipificados en el Código Penal y que afectan a los funcionarios públicos como cohecho y lavado de activos. Además está siendo investigado por la fallida licitación del litio. Pesa sobre su desempeño la sombra de la duda sobre la imparcialidad con que ejerció el cargo, sobre todo frente en casos en que se veían involucrados intereses de Penta o de otras empresas. El propio Wagner ha pedido disculpas públicas y ha renunciado a la UDI. Será la justicia la que en definitiva determinará su responsabilidad penal.
Estos son - a nuestro juicio - los dos aspectos más graves del caso Penta, donde aparece más afectada la fe pública en el funcionamiento del Estado: en ambos se confunde el interés particular, incluso mañosamente presentado, con el interés general.
Es de esperar que esta vez sí haya una reacción a la altura por parte del mundo público y privado, a diferencia de lo sucedido con Publicam, y se terminen las prácticas irregulares de financiamiento de las campañas electorales y se sancione a quienes cometieron los delitos. La próxima elección municipal servirá para verificar ese cambio de paradigma.
